La renta social que tiene previsto poner en marcha el Ayuntamiento como consecuencia del acuerdo tripartito que permitió la aprobación presupuestaria generará con toda seguridad efectos colaterales dependiendo del éxito o no que coseche el proyecto. De momento, la expectación es grande en la ciudad y fuera de ella. Gijón se convierte en una especie de tubo de ensayo de laboratorio sobre la viabilidad y eficacia que tendría la paga del mínimo vital que algunos partidos proponen a escala de país y que cuando descienden cambian su discurso.
El gobierno de Moriyón y los socios que promovieron la idea se la juegan. Entre la gloria y el fracaso hay solo un paso. En Gijón, como en todos los sitios, existe una pobreza visible y otra oculta, ambas víctimas de la crisis en una sociedad que intenta cabalgar bajo el imperio de la ‘modernidad líquida’, que diagnosticaría el ahora recordado Zygmunt Bauman.
La renta que se propugna tiene razón de ser si contribuye a paliar el agobio económico que padecen muchas personas y familias que carecen de recursos suficientes para subsistir y a las que no se les puede usurpar el derecho a vivir con dignidad. Negar esta realidad es de tozudos. Mirar hacia otro lado, una irresponsabilidad.
El proyecto del gobierno municipal es ambicioso. Plantea garantizar un ingreso de al menos 532 euros al mes a todo aquel gijonés que lo requiera, sea pensionista, trabajador en activo o desempleado. La fórmula que se adopte necesita un amplio consenso, pero sobre todo tiene que tener en cuenta que el dinero es limitado y, por lo tanto, limitado tiene que ser también el alcance de la medida. La renta social no puede poner en riesgo la situación financiera del municipio. De lo contrario, lo que se presenta como una necesidad pasaría a ser una bomba de relojería.
Luego está su encaje normativo. El Principado utiliza este argumento para reprobar el proyecto. «No se pueden generar falsas expectativas», advirtió la consejera Pilar Varela después de la curiosa reunión entre su equipo técnico y representantes de Xixón Sí Puede, con Mario Suárez del Fueyo a la cabeza, desconozco si como concejales delegados del Ejecutivo local.
Estoy absolutamente de acuerdo con la señora Varela. La renta básica, o como lo quieran denominar, debe tener cobertura legal para garantizar la compatibilidad de las prestaciones y evitar sustos a los beneficiarios. Además de las medidas para evitar el efecto llamada y la picaresca, el blindaje jurídico y fiscal es una condición indispensable. El aviso esta suficientemente explicitado. Los receptores del salario social no pueden recibir ningún otro ingreso periódico porque perderían el derecho a cobro. Si todos los meses perciben un complemento, aunque sea como subvención finalista, alguien puede entender que existe tal periodicidad en la ayuda.
El recelo del Gobierno regional es, por otro lado, lógico desde el punto de vista de que la experiencia de Gijón amenaza con poner en cuestión su política social y, especialmente, la que se emprende en el resto de los ayuntamientos asturianos. El Principado tiene tareas pendientes. Una de ellas, afrontar una reforma de la ley para vincular la percepción del salario social directamente al empleo y a la formación con incentivos específicos para favorecer la integración laboral. Reducir la nómina de esta prestación, que alcanza niveles impensables cuando se creó hace casi diez años, es un objetivo prioritario y la única manera de hacerlo es mediante el mercado de trabajo.
Ahora, con el proyecto gijonés, se pueden acumular los problemas a la Administración regional. Algún otro deber conllevará si municipios con menos capacidad empiezan a sentir la presión que supone el lugar de residencia como hecho de discriminación entre la gente más necesitada.