La influencia de la estiba en el puerto es innegable. En manos de este grupo laboral, muy sindicalizado y con unas condiciones de trabajo envidiables para otros colectivos vinculados a la actividad, se encuentra la manipulación de todas las mercancías que entran por los muelles. La plantilla de la EBHI descarga el 75 por ciento de los productos del puerto gijonés a través de la mayor terminal granelera de España. Todo el mineral de hierro y de carbón que alimentan la cabecera siderúrgica y las centrales térmicas pasan por los operarios de esta empresa controlada mayoritariamente por la Autoridad Portuaria. La actividad de Arcelor o de EdP en Asturias comienza precisamente en los pórticos de la EBHI. Por ello, cualquier reacción de estos trabajadores que impida el desarrollo normal de las operaciones en El Musel pone contra las cuerdas la producción del corazón industrial de la región. Es la fuerza que tienen. Ocupan un lugar sensible en la cadena. Es el mismo argumento que justifica también que antes de privatizar la empresa hay que pensárselo dos veces. El valor estratégico de la EBHI para la economía regional resulta igualmente fuera de toda duda. Mantener el control público garantiza ese carácter frente a la posición de dominio que tendría un operador privado, pero resulta fundamental que el servicio que ofrezca sea cada vez más competitivo en calidad y costes.
Esta semana la plantilla de la terminal granelera ha protagonizado una huelga que provocó trastornos en la descarga de barcos sin que los paros sirvieran para abrir una vía de acuerdo con la empresa. Los trabajadores decidieron volver a interrumpir la actividad la próxima semana. Los motivos de los sindicatos para la protesta son básicamente tres: falta de operarios, problemas de seguridad por la escasez de personal y modificación de los turnos de trabajo. Los gestores de la EBHI observan, sin embargo, una razón de fondo distinta. Sostienen que la movilización se debe sobre todo a la obligación de los empleados a tener que devolver más de 3.900 euros cada uno por el complemento salarial pactado entre las dos partes que fue anulado por sentencia judicial al ser contrario a las directrices del Gobierno central sobre el ahorro en el sector público. De todas formas, la empresa ofreció más de una decena de incorporaciones para atender el déficit de personal sin conseguir convencer a la representación sindical y los esfuerzos de mediación tampoco han dado resultado. Es curioso que las centrales convocaran la huelga el mismo día que el consejo de administración tenía sobre la mesa una propuesta para ampliar los efectivos. La conclusión es que el conflicto va camino de enquistarse, cuando la radicalización en la EBHI no beneficia a nadie. Al contrario, el deterioro que provocaría una prolongación de la protesta no se quedaría sólo en casa, sino que afectaría sobremanera al punto más neurálgico de la industria asturiana. Sin embargo, estos días he oído pocas voces de las autoridades reclamando mesura y diálogo para evitar los males.
De momento, los nuevos paros coincidirán con la movilización que los trabajadores de la sociedad de gestión de estibadores portuarios (Sagep) tienen previsto protagonizar por la liberalización de la estiba en España. El Musel, por lo tanto, corre el riesgo de sufrir una situación caótica si no se produce antes un acuerdo. La reforma que plantea el Gobierno quiere acabar con el régimen de monopolio de estos trabajadores para introducir una mayor competencia. Un cambio que supone una revolución en los puertos absolutamente necesaria. Lo lamentable es que ello obedezca a la presión ejercida por la Comisión Europea con una sanción con carácter retroactivo que alcanza ya los 21 millones de euros y que va creciendo de día en día a partir de una sentencia que condena a España por quebrar la libertad de establecimiento con el sistema de estiba. Es decir, Bruselas exige hacer unos deberes que hasta ahora ningún gobierno llegó a realizar. El modelo vigente tuvo la bendición de los dos grandes partidos. Cuando ampararon la creación de las sociedades de estiba estaban respaldando una manera gremial de trabajo propia de momentos pasados, cerrando el paso a fórmulas que podrían haber mejorado la competitividad de los puertos. Ahora, a contrarreloj, se plantea romper el blindaje para acabar con unos privilegios que fueron consentidos durante tanto tiempo.