Los planes locales de empleo no han tenido una buena vida. Desde su creación hace ya más de dos décadas estuvieron en el punto de mira de quienes consideran que el ayuntamiento en su papel de empleador ocupa espacios que correspondería a la iniciativa privada en su función de generación de riqueza y puestos de trabajo y también de aquellos que cuestionan su contribución a favorecer la inserción laboral de los colectivos más necesitados. Sin embargo, el efecto terapéutico de estos planes es indudable. No puede haber institución política alguna que renuncie a buscar fórmulas para ofrecer la oportunidad de trabajar a quienes tienen las puertas del mercado laboral cerradas. En ese sentido, los municipios han desarrollado una labor encomiable durante los años más duros de la gran recesión con la puesta en marcha de programas de empleo, concebidos más como una acción social, pero que sirvieron de pequeñas dosis para aliviar las insoportables cifras de paro. Sin embargo, los planes de empleo se toparon con las estrecheces presupuestarias, asfixiantes para las haciendas locales, y con los varapalos judiciales provocados por los propios beneficiarios con la reclamación de sus derechos, que contribuyeron a legitimar aún más los postulados de la incomprensión. Es curioso que, al final, sean sus propios usuarios, animados por quienes han sostenido el sistema, los que lleven los planes por el camino de la destrucción, sin que se haya puesto remedio legal a la laguna que favorece la interpretación de los jueces contraria a los ayuntamientos. Da la impresión de que la administración no ha puesto todas las ganas necesarias para solventarlo.

Esta semana se ha conocido una sentencia en contra del consistorio gijonés por despido improcedente a un trabajador que se benefició del programa de hace dos años, que era precisamente el primero de los que se ponían en marcha con las modificaciones fijadas por el Principado para evitar la avalancha de fallos judiciales que estaban sufriendo los municipios. El modelo contractual por obra o servicio tal como continúa diseñado hace aguas por todos los sitios. No puede verse sometido constantemente a la amenaza de las reclamaciones ni al criterio del juez de turno que decida sobre la denuncia. Hasta ahora, el Ayuntamiento de Gijón tuvo que destinar cerca de tres millones de euros al pago de indemnizaciones por esta causa, un coste excesivamente elevado teniendo en cuenta los recursos disponibles para este menester. La situación de inseguridad es tal que otras administraciones locales vecinas, como menos capacidad financiera que la ciudad en la que vivimos, han tenido que rechazar su participación en este tipo de acciones ante el riesgo de generar un agujero económico imposible de soportar.  En el caso de Avilés, sin ir más lejos, se decidió contratar solo a titulados en prácticas, donde el modelo es mucho más claro y la judicialización inexistente.

Por lo tanto, urge una reforma en profundidad de este tipo de programas. Resulta totalmente incongruente que el Gobierno asturiano reclame a los municipios la devolución de las subvenciones recibidas para los planes una vez que los tribunales entendieran que hubo en algunos casos fraude de ley cuando lo que hicieron fue aplicar los requisitos exigidos por la propia Administración regional. No tiene ni pies ni cabeza.

Es necesario repensar todo el sistema, definir nuevamente los modelos de relación laboral con los beneficiarios, que los objetivos de inserción en el mercado de trabajo sean reales y aprovechar la oportunidad para profundizar en la colaboración público-privada introduciendo mecanismos que favorezcan el empleo de las personas más necesitadas en la contratación pública de obras y servicios. Se está aún a tiempo de hacerlo. Si la lucha contra el paro es prioritaria mantenerse impasible mientras se dilapida el dinero de esta manera solo tiene en el diccionario un calificativo. Se llama irresponsabilidad.