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Ángel M. González

Viento de Nordeste

La repetición de una cacicada

El 15 de enero de 1979 el pleno de la corporación gijonesa declaraba por unanimidad ‘persona non grata’ al exrector de la Universidad de Oviedo, don Teodoro López-Cuesta, por su reiterada oposición al desarrollo del campus universitario de esta ciudad. Aquel mismo día, hace mañana treinta y nueve años, el Boletín Oficial del Estado publicaba una orden ministerial que legalizaba el traslado a Oviedo de la División de Filosofía y Ciencias de la Educación tras la maniobra del señor López-Cuesta por desmantelar la sede gijonesa en favor de la insaciabilidad capitalina. Pero no contento con ello, el exrector también se aplicaba en entorpecer la construcción de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, que había sido creada por decreto cuatro años antes. Don Teodoro, ‘Teo’ para los amigos, tenía retenido el expediente de inicio de las obras mientras impulsaba el campus ovetense de la mano del ayuntamiento carbayón.
Estos días asistimos a una repetición de la cacicada. La historia del campus de Gijón ha tenido momentos esperpénticos en relación con el centralismo cerril al que nos tiene acostumbrados con la Universidad o a la arbitrariedad política con la que se han ido tomando algunas decisiones, como fue en su momento el caso de Mieres, constituido con abuso de poder y alevosía.
El rechazo a la instauración del grado de Ingeniería de Organización Industrial es un nuevo atropello a las aspiraciones universitarias de esta ciudad, que en este caso coinciden con las del Rectorado porque la propuesta no es para nada localista, como algunos podrían pensar, si no para atender una necesidad de titulación de creciente demanda. La paternidad de la tropelía en la Dirección General de Universidades, dependiente de la Consejería de Educación, tiene nombre y apellidos y los argumentos manejados para denegar la petición no dejan de ser sorprendentes. El propio Rectorado ha calificado de sesgado el informe sobre el que se apoya el organismo del Principado para emitir una resolución contraria a la implantación de los estudios en Gijón. Sesgado es, desde luego, el calificativo menos malo que se puede dar a una decisión malintencionada.
La malévola resolución contraviene todos los principios que se han venido defendiendo para la Universidad. Es irrespetuosa con su autonomía, pone en cuestión su capacidad para decidir las titulaciones, rompe con la conexión que deben tener los centros con la demanda de las empresas y quiebra el objetivo de conseguir una universidad más competitiva. Pero lo más preocupante, de lo que no salgo de mi asombro, es que invita a los jóvenes a salir fuera a cursar los estudios del ‘ingeniero total’, aunque sea pagando a una institución privada.
Uno se pregunta cómo puede el consejero don Genaro Alonso suscribir las apreciaciones del escrito que rechaza el grado y, sobre todo, qué pensará de ello el presidente regional, don Javier Fernández, que estaba al corriente de la aspiración de la Escuela Politécnica como buen conocedor que es de la carrera que estamos hablando.
El próximo miércoles, el pleno del Ayuntamiento aprobará una declaración, que será unánime tras las aportaciones de todos los grupos políticos, para respaldar la inclusión del grado en el catálogo de enseñanzas del campus de Gijón. Ojalá esta iniciativa institucional sirva para que la Administración regional en Oviedo decida enmendar este agravio y evitar que a alguien se le ocurra actualizar el título que entonces se le otorgó a don Teodoro.

Sobre el autor

Periodista del diario EL COMERCIO desde 1990. Fui redactor de Economía, jefe de área de Actualidad, subdirector y jefe de Información durante doce años y desde febrero de 2016, director adjunto del periódico.


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