Gijón está de subastas. El Principado ha puesto en marcha en los últimos días el proceso para la venta pública del antiguo Palacio de Justicia y la Autoridad Portuaria ha abierto el plazo para recibir ofertas por el solar de Naval Gijón. Con anterioridad, la Administración regional había sacado al mercado los locales que ocupaban los juzgados de lo Social en la calle de Donato Argüelles, mientras que el puerto mantiene la búsqueda de un comprador para el noble edificio del Muelle, la vieja sede del organismo museliano.
Hasta ahora las subastas no han tenido ningún éxito. Es la segunda vez que el Gobierno asturiano intenta deshacerse del inmueble que durante treinta años albergó los juzgados de la ciudad sin que hasta el momento asomara un inversor. Desde la primera convocatoria, allá por 2016, el precio de salida del edificio de la calle del Decano Prendes Pando ha bajado en millón y medio de euros. El Principado lo saca ahora por poco más de 8,6 millones y aún parece difícil que aparezca un interesado dispuesto a la puja. Por lo tanto, resulta aventurado determinar cuál será finalmente su destino, si albergará viviendas u oficinas o se convertirá en un complejo de ocio y tiendas en el centro de Gijón. Lo que sí es seguro es que este edificio, cuya construcción se inició en 1959 costeada con las aportaciones de los gijoneses a la Junta Local de Protección de Menores para alojar la Casa de la Infancia, no volverá a tener un uso público, pese a la petición vecinal y de alguna formación política de que su utilidad revertiera a la ciudadanía. Es una pena, aunque a cambio disfrutamos desde 2013 de un nuevo Palacio de Justicia que concentra todas las sedes judiciales en los terrenos de la histórica fábrica de La Bohemia.
La venta del suelo de Naval Gijón, por su parte, tiene un interés general mayor que los inmuebles de los viejos juzgados. La Autoridad Portuaria pide de mano 5,4 millones por la parcela de casi 40.000 metros cuadrados cuya utilidad está limitada a la edificación de oficinas, locales comerciales y equipamientos dotacionales. Cosas productivas, según la programación urbanística pendiente de aprobación. Nada de viviendas residenciales ni hoteles o actuaciones similares que puedan acarrear algún tipo de especulación. Los socialistas han planteado que el Ayuntamiento se haga con ello para desarrollar un polo empresarial adicional al parque tecnológico vinculado al mundo de la mar. El gobierno local, de momento, renuncia a la puja, pero la señora alcaldesa ha dejado la puerta abierta a analizar la operación más adelante, si las circunstancias presupuestarias del municipio lo permiten, claro está.
Así como la compra de la antigua sede portuaria en la calle de Claudio Alvargonzález carecía de cierta lógica, la idea de que el Consistorio intervenga en el desarrollo de ese suelo como agente directo, no solo a través del planeamiento, tiene una evidente razón pública. No estaría de más explorar todas las posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, implicar en la necesaria cirugía de la zona a Pymar, la sociedad de reconversión de los astilleros. Pymar tiene bajo su propiedad otro gran espacio donde se asentaba la factoría con una dimensión similar a la que el puerto puso el cartel de ‘se vende’. Incluir la superficie entera que dejó la empresa naval en un mismo paquete para acometer una actuación en su total integridad sería, desde el punto de vista urbanístico, una propuesta digna de consideración. De la misma manera que sería la búsqueda de fórmulas de colaboración entre la iniciativa pública y la privada para avanzar en la recuperación de la fachada marítima gijonesa. Del intento también puede surgir la oportunidad.