En los años sesenta se produce el gran salto demográfico de Gijón al calor de la industrialización con el asentamiento de la siderurgia como principal protagonista. Miles de familias procedentes de otras partes de Asturias y de fuera de la región posan aquí sus maletas con una mano adelante y otra atrás en busca de un dorado que les rescatara de la penuria aprovechando el desarrollismo. La ciudad emprendía su expansión por todos los puntos cardinales posibles mediante la construcción de barriadas obreras en Monteana, Jove, La Calzada, Tremañes, Santa Bárbara, Pumarín, Roces, El Llano, Contrueces, Ceares, La Camocha o Cimavilla.
La mayor parte de aquellas casas eran de protección oficial, amparadas por el régimen franquista, y algunas lucen todavía las placas del viejo Ministerio de la Vivienda, con su yugo y sus flechas, en memoria de su propia historia, o de la Obra Sindical del Hogar. Conocí a propietarios que en su escaso tiempo libre, después de acumular horas extras de día y de noche en la fábrica, seguían derramando su sudor sobre el ladrillo para pagar con ello el piso de apenas sesenta metros cuadrados para toda la vida.
Han pasado más de cincuenta años de aquella ciudad de Nodo. Y cincuenta años después, muchos de esos edificios serán sometidos a partir de este mes de junio a un examen técnico para comprobar su estado y corregir los fallos conforme a la legislación de ahora.
La ‘ITV de los edificios’ chequeará las condiciones de conservación, accesibilidad y eficiencia energética de unas casas que han sido la mayoría de ellas construidas sobre la humedad de la tierra, con estructura de ripia y argamasa, peldaños desde el portal y calentadas con estufas de butano, la misma bombona que aún se utiliza para el agua caliente o para cocinar. Este año serán sometidos a inspección más de 2.000 edificios levantados antes de 1964, que obligará a las comunidades, integradas mayoritariamente por vecinos octogenarios con pensiones raspadas, a realizar derramas de varios miles de euros para cumplir con las prescripciones de la evaluación.
Con esta ITE se genera una nueva línea de negocio para arquitectos, empresas de rehabilitación y para el propio Ayuntamiento por los ingresos que puede llegar a obtener por las licencias de obras. Pero también se abre la oportunidad de que estas viviendas, frías y sin ascensor, mejoren las condiciones de habitabilidad que han ido perdiendo transcurrido medio siglo en honor al orgullo y la dignidad de sus propietarios.
El grupo municipal socialista ha propuesto que los edificios afectados por la inspección en todos esos barrios y que tengan que acometer las correspondientes reformas para solventar las deficiencias y cumplir la normativa reciban prioridad a la hora de obtener las ayudas a la rehabilitación. Una propuesta razonable, desde luego. Absoluta preferencia y agilidad en la tramitación y en el pago de esas subvenciones teniendo en cuenta el perfil económico de las familias de las que estamos hablando, que tendrán que afrontar un gasto ingente en un corto periodo de tiempo. En definitiva, de justicia vecinal.