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Ángel M. González

Viento de Nordeste

Más luz y menos ruido

Los empresarios de la trama ‘Enredadera’ bien podrían ser los protagonistas de un perfecto manual para la corrupción. Utilizaban todo tipo de prácticas fraudulentas conocidas para ejercer influencia y obtener información privilegiada mediante las correspondientes dádivas con el fin de conseguir contratos públicos. José Luis Ulibarri, ‘El Jefe’ y Ángel Luis García, ‘El Patatero’, auxiliados por una pléyade de subordinados dentro y fuera de sus empresas, contactaban con aquellas personas que tenían directa o indirectamente la capacidad de influir en las instituciones para amañar concursos en favor de sus sociedades.
Los conseguidores tocaban a directivos de otras compañías con buenos contactos en las administraciones públicas, expolíticos, alcaldes, concejales, funcionarios y técnicos para lograr su objetivo a través de comisiones, sobornos y mordidas.
La red, de esta manera, era capaz de generar necesidades en los ayuntamientos para colocar sus productos, determinar la elaboración de los pliegos de condiciones a su medida, acortar los plazos de los concursos para impedir la concurrencia, conseguir que el procedimiento fuera negociado sin publicidad o que se realizara por contratos menores. Cuando había riesgo de fracaso empleaban otros métodos, entre ellos la presión a los políticos a través de los medios que Ulibarri controlaba. Así, la ‘Enredadera’ se fue extendiendo con sus tallos trepadores por más de medio centenar de municipios de toda España.
De las escuchas telefónicas incluidas en el sumario se desprende que los cabecillas de la trama tenían Gijón en la agenda para desplegar sus actividades. «No digo que no intentara entrar, pero no entró», señaló el concejal Esteban Aparicio al referirse a las grabaciones que trascendieron de la investigación policial y de cuyo contenido apenas se pueden sacar más conclusiones que la desfachatez de los imputados.
Ahora bien, la trama no entró quizás en las circunstancias en las que lo hicieron en otros municipios, el más cercano en Oviedo donde los indicios de irregularidades están siendo evidentes, pero sí lo hizo en al menos dos operaciones, a tenor del rastreo exhaustivo ordenado por la alcaldesa: la compra de un vehículo para los bomberos y el contrato de nueve millones de euros para el servicio de ayuda a domicilio.
En ambos casos, el gobierno local sostiene que las adjudicaciones se realizaron conforme a la legalidad en virtud de los informes internos recabados sobre las relaciones contractuales que se pudieran mantener con las compañías de la red, pero la oposición reclama más explicaciones. Además del relato administrativo de los contratos, pide conocer el itinerario de contactos hasta que se presenta la oferta en el Ayuntamiento, la extensión de la auditoría a todas las entidades que, de una manera u otra, dependen de la administración local y la lectura política de la alcaldesa.
El ‘caso Enredadera’ trae consigo mucho ruido. Ruido envenenado para quien tiene la responsabilidad de defender que efectivamente «en Gijón las cosas no funcionan así», como respondía el jefe de la Policía Local a ‘El Patatero’ en una de las escuchas del sumario. Pero también para quienes siembran sospechas con escasos fundamentos con el fin de mantener la tensión y proceder al desgaste. El 16 de agosto se celebrará una sesión plenaria monográfica sobre la cuestión. Solo cabe esperar luz y taquígrafos. Prolongar el espectáculo sería un error, salvo que se deduzca que es un asunto a saber por la justicia.


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