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Ángel M. González

Viento de Nordeste

Jefatura digital

El dedo continúa siendo un instrumento muy utilizado en la actuación política en todas sus expresiones. No existe, al menos yo no conozco, representante público que no lo haya usado en determinado momento como herramienta de acción, unas veces a la manera acusadora, otras en modo reparto, para la asignación de responsabilidades, premiar lealtades, realizar encargos o hasta designar candidatos. Lo hemos visto, lo seguimos viendo y todo parece indicar, nunca mejor dicho, que será difícil evitar que se siga apuntando con el índice pese a que en las normas de buena conducta esté considerado un mal hábito.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dado esta semana un golpe a la ‘dedocracia’, aunque ello no quiere decir que lleve a su exterminación. La sala de lo contencioso administrativo obliga al Ayuntamiento de Gijón a sacar a concurso un montón de jefaturas de servicio y secretarías de despacho, cincuenta y ocho en total, que el gobierno local ha ido cubriendo mediante nombramientos directos, sin pasar por ningún tipo de concurrencia, para ir conformando una elite funcionarial afín a los mandatarios locales.
Los afectados por la sentencia no son todos los que fueron designados mediante el señalamiento a lo largo de estos últimos años. Solo aquellos que fueron elegidos a partir de febrero de 2016, poco antes de que el propio gobierno aceptara cumplir un mandato plenario para poner en marcha una reforma del aparato organizativo de la institución municipal que pusiera punto final a una práctica que pasó a ser de uso común conforme fue discurriendo el tiempo. Al parecer, los nombramientos a través de este sistema se acerca al centenar si tenemos en cuenta todos los brazos de la administración local, es decir, casi una legión dependiente de la junta gubernamental de turno que se constituye cada cuatro años. Resulta cuando menos sorprendente que un gobierno en minoría, débil en apoyos como ha sido tantas veces subrayado, haya sido capaz de tejer, así como el que no quiere la cosa, una nómina tan abultada de empleados de confianza.
Desde luego no se puede deducir que la política laboral, en ese sentido, haya sido un fracaso. Se equivoca quien hace tal lectura porque el poder, al final, viene garantizado por el ejército y los mandos aliados. Los responsables de la gestión municipal hicieron lo mismo que han venido realizando corporaciones anteriores con más respaldos para hacer y deshacer. El fallo judicial pone de manifiesto que existen todavía demasiados subterfugios para seguir aplicando el dedazo en una buena parte de los niveles de ocupación de la administración. En el caso que nos concierne, los cargos se fueron cubriendo a través de comisiones de servicios, adscripciones temporales y libres designaciones sin recurrir a los procesos de selección de personal mediante concurso que la legislación prevé para preservar los derechos de los empleados públicos. Es decir, una manera de vulneración que no es nueva bajo el sol. Por lo tanto, el Alto Tribunal anula todos esos nombramientos con un fallo que el Ayuntamiento está dispuesto a aceptar aunque vinculando el fin de la ‘jefatura digital’ al Plan Reto, el proyecto que pondrá orden a los puestos de trabajo y a las criterios para ocuparlos. Esa condición, sin embargo, encierra una pequeña trampa porque la negociación de tal reestructuración será para el año que viene, es decir, aplicable por la próxima corporación. Por lo tanto, el que venga detrás que arree.
Decía un concejal que resulta difícil hacer gestión si enfrente tienes a un funcionario que te pone mala cara. Y a buen seguro tiene razón, pero tampoco se trata de extender la politización aguas abajo. La raya debe quedar bien trazada.

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