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Ángel M. González

Viento de Nordeste

Arancel ambiental

El mayor problema que padece nuestra industria es que tiene ahora tantos enemigos aquí como los que han ido surgiendo fuera. Los mejores aliados de los productores que inundan el mercado con fabricaciones de bajo coste son quienes acosan a las empresas, desde las instituciones o en la calle, con la cruzada medioambiental a la que se ven sometidas. La transición ecológica es imparable. El proceso que nos lleva a todos a subirnos al coche eléctrico resulta irremediable y además, salvo hecatombe, se irá acelerando, pero ello no evita que se puedan adoptar medidas para amparar al sector productivo ante la gran transformación que tiene que abordar por el cambio en el sistema energético y la carrera por un hábitat libre de humos.
Esta semana, la intervención del presidente de Arcelor, Aditya Mittal, en París, llamó la atención por dos razones. La primera, por la insistencia en que las factorías asturianas de la multinacional siderúrgica tienen que ser más competitivas para mantener su actividad y seguir pensando en el futuro. La cabecera de Arcelor en Asturias, al tiempo que le colocamos un cinturón verde vigilando con cámaras las instalaciones y el aire, no solo tendrá que estar pendiente del recibo de la electricidad y del coste de la descarbonización sino también de la evolución de Tarento. Más de una vez lo comentamos. La operación de Ilva podría ocasionarnos algún disgusto si no espabilamos.
Y la segunda razón, la reivindicación de un arancel ambiental a las importaciones procedentes de aquellos países donde la reducción de la huella de carbono acordada hace tres años en la cumbre de la capital francesa se la pasan por el forro. Estoy con Aditya. No podemos subirnos al podio de la lucha contra el cambio climático de la manera que lo estamos haciendo, mientras los incumplidores aprovechan el estrangulamiento de la industria para inundarnos de productos bajo un régimen de dumping social y medioambiental. Nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello. Claro que Europa puede ser la avanzadilla en la preservación del entorno y que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para mejorarlo como elemento fundamental de nuestro estado de bienestar. Pero al tiempo que nos situamos en esa vanguardia hay que impedir que otras economías se desarrollen por las debilidades industriales que nosotros mismos estamos generando y que dificultan la competencia en igualdad de condiciones.
De una política industrial de aniquilación tenemos que pasar a una política industrial de protección. Como la globalización resulta injusta en situaciones como la que estamos comentando, de justicia es instaurar gravámenes a la entrada de bienes de aquellos fabricantes que no tienen en consideración el objetivo de un mundo más humano y más limpio. Igual que nos hemos convertido en mosqueteros de la transición energética, tenemos que abanderar la reclamación de esa tasa al comercio procedente de lugares donde las emisiones están despenalizadas. Lo contrario sería una gran contradicción.
El hijo del magnate del acero defendía con la imposición del arancel el blindaje de la siderurgia europea, pero la exigencia hay que extenderla a todos aquellos productos que sufren las consecuencias de esta violación en toda regla. No solo el acero, el aluminio o el zinc. Esta misma semana, los apicultores asturianos denunciaban la presencia cada vez mayor de miel china envasada en España de bajo precio y calidad. Los mieleros exigen controles rigurosos y un buen etiquetado para evitar el engaño a los consumidores. El caso es que llegan hasta la sopa. Por lo tanto no veo más remedio que la recuperación de los fielatos.

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