¿Estamos ante el final de la renta social? ¿La ayuda municipal tiene los meses contados? La pregunta lógicamente tendría que ser respondida por los grupos políticos con representación en la actual Corporación, pero a priori surgen dudas de que el modelo implantado hace poco mas de año y medio en el Ayuntamiento de Gijón para atender las necesidades básicas de consumo de los pobres se pueda mantener tal como hoy la conocemos.
El gobierno local está buscando la manera de encajar el dinero ante la prórroga presupuestaria para poder realizar una nueva convocatoria de la prestación antes de las elecciones, una vez que la realizada con anterioridad por medio millón de euros dejó a cientos de peticionarios en la cola sin ayuda. Posiblemente sea la última. El futuro de la renta social se convertirá con toda seguridad en uno de los temas de debate de los partidos en los próximos comicios. No en vano, la discusión será una prolongación de las diferencias que ya se han ido manteniendo en el mandato que ahora llega a su fin sobre el funcionamiento del sistema de servicios sociales en esta ciudad.
La implantación de la renta social tuvo tantos seguidores como detractores. Ha sido una medida atrevida por parte de los mandatarios locales ante el enorme coste que suponía su puesta en marcha para las arcas municipales, pero los resultados no fueron tan nefastos como se había aventurado. Los comercios de Gijón facturaron durante este año y medio cinco millones de euros contra las tarjetas prepago utilizadas por los titulares de la ayuda. Es decir, más allá de los casos de picaresca, el doble objetivo de favorecer la economía local a través de este complemento para las compras por sus perceptores parece que se ha cumplido. Ahora bien, el derecho a esta paga no puede ser eterna. De la misma forma que tampoco lo puede ser el cobro del salario social o el disfrute del resto de ayudas que integran el catálogo de prestaciones públicas para combatir la desigualdad. Hay que evitar la cronificación de esa ‘pseudopobreza’ formada por quienes quedan enganchados de los servicios sociales de por vida. El riesgo es crear un segmento de población permanentemente subsidiada, sin esperanza, porque el resultado es el alargamiento de su exclusión.
Por ello es necesario repensar el sistema. Buscar fórmulas para que esas percepciones tengan un carácter transitorio, hasta que la persona desemboque en el mercado laboral. Favorecer el acceso al trabajo es la mejor manera de impartir justicia social. La dignidad humana se tiene que alcanzar mediante el empleo. Eso es lo que hay que incentivar. Es indispensable partir de la idea de que el auxilio social tiene que ser limitado y temporal.
La izquierda ha venido planteando la instauración de una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente, que supondría un ingreso mínimo vital para todos los ciudadanos independientemente de si se trabajan o no. Xixón Sí Puede tiene preparada una iniciativa sobre la medida para llevar al próximo pleno municipal con el ánimo de que los partidos se retraten.
Sin embargo, las escasas experiencias que existen acerca de esta prestación están siendo fallidas. Lo hemos visto recientemente en Finlandia, que se había convertido en el único país europeo que ponía en marcha un ensayo para su implantación. Garantizaba el cobro de 560 euros al mes a personas sin ingresos o en el paro, pero el proyecto fue suspendido porque no incentivaba la búsqueda de empleo y el gasto era muy elevado. En España, una renta similar para toda la ciudadanía tendría un coste cercano al 20 por ciento del PIB. No habría impuestos que la pagaran.