Aunque se pueda llegar a pensar que el ‘Distrito Azul’ presentado por la marca municipal de promoción empresarial Impulsa encierra cierto oportunismo electoral, resulta positivo poner sobre la mesa un esbozo como el que hemos visto esta semana para abrir una reflexión acerca del futuro de los terrenos de Naval Gijón. El estudio de la consultora contratada por el Ayuntamiento sobre las posibilidades de esa gran bolsa de suelo generada tras la desaparición del emblemático astillero supone un buen punto de partida para discutir de qué manera la ciudad pueda aprovechar esa notable zona del litoral gijonés. Se parte de la base de que existe, al menos, un objetivo compartido mayoritariamente por todas las fuerzas políticas para transformar ese espacio en un polo de economía azul. El destino es acertado en cuanto que persigue revitalizar la ligazón de la villa con la actividad marítima mediante la búsqueda de nuevos nichos de negocio que favorezcan el crecimiento y la creación de empleo. Ahora bien, una vez definida esta meta es fundamental alcanzar el mayor consenso posible sobre la ruta que debemos emprender para alcanzarla. Por ello, el boceto planteado por el gobierno local es una buena forma de levantar el telón.
El planteamiento es construir dos edificios de oficinas como los barcos de Poniente, habilitar una zona lúdico-deportiva e instalar un campus de la mar en la antigua sede del astillero. La inversión calculada por la firma autora del estudio para esta transformación supera los 47 millones de euros, sin incluir la compra de los terrenos propiedad del puerto y de la sociedad de reconversión Pymar. Con la adquisición del suelo, el coste total puede requerir un desembolso de 64 millones. La conclusión a la que llega la consultora es que la operación es poco atractiva para la iniciativa privada ante la imposibilidad de edificar viviendas en alguna de las parcelas. Es decir, solo es factible la intervención pública porque el resultado final es deficitario.
El proyecto, por lo tanto, es ahora mismo inasumible por el Ayuntamiento gijonés tal como está planteado. No dispone de capacidad económica suficiente para afrontar una actuación de esta envergadura por sí solo, aunque dispongamos incluso de fondos procedentes de Europa para ayudar a su financiación haciendo uso de los programas para promover este tipo de acciones en las ciudades costeras. La Administración local tiene adquiridos unos compromisos de gasto para los próximos años que pesan como una losa en sus cuentas. Decenas de millones pendientes para llevar adelante el plan de vías, la zona logística, el desarrollo del plan de Tabacalera, la nueva Jefatura de Policía, la compra de la finca de La Formigosa para ampliar el parque tecnológico, etcétera.
Sin embargo, se está a tiempo para introducir en el debate otras fórmulas que impidan que la recuperación de ese valioso y amplísimo solar resulte gravosa para las arcas municipales. Quizás haya que buscar algún modelo, consorcio, sociedad o lo que tenga que ser, que favorezca la participación en el proyecto de quienes ahora son dueños de los predios. Porque puede que no se llegue a entender bien que un suelo en buena parte público tenga que ser adquirido con dinero de la hacienda de todos los gijoneses para una utilidad, al fin y al cabo, de interés igualmente general.
Y tampoco se puede descartar de mano la corrección del plan urbanístico recientemente aprobado para incluir en una franja la utilización residencial que ya se había visto necesaria con anterioridad durante el diseño del PGO. Bien vale una enmienda si el objetivo que con ella se consigue es beneficioso para la ciudad.