El auge de los pisos turísticos se ha convertido en un peligroso enemigo para la hotelería. El crecimiento vertiginoso que está experimentando este tipo de alojamientos amenaza con destrozar un sector en Asturias y en Gijón, que aún sufre las consecuencias del tremendo desajuste en costes provocado por el desequilibrio entre oferta y demanda, la excesiva estacionalización y el cambio de hábitos de los visitantes. Hace escasamente un mes, a las puertas de la Semana Santa, la patronal advertía de que la irrupción de viviendas de uso turístico abocaba de forma irremediable a una reconversión de la actividad con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. Una de las medidas que en algunos casos ya se ha empezado a acometer es la transformación de hoteles en complejos de apartamentos para ofrecer una alternativa de calidad a los domicilios privados. Es la menos mala de cuantas se pueden adoptar, desde luego, aunque ello supone un sacrificio del nivel de empleo.
La reacción empresarial se produce ante un fenómeno al que, hasta ahora, no se le ha puesto coto y cuyos efectos van más allá de las consecuencias que genera en el negocio de las pernoctaciones. En muy poco tiempo, las plazas disponibles en Gijón en este tipo de viviendas ha igualado a las que existían en el catálogo hotelero. Se trata de pisos registrados, legales, con su acreditación para albergar visitantes y que, por lo tanto, están sometidos a la norma fijada al respecto por el Gobierno regional. Pero existe un buen número de alojamientos que se escapan del control, ofrecidos de manera ilegal a través de determinadas plataformas de internet, sin garantías para los usuarios y que está convirtiendo la actividad en una auténtica selva.
Los problemas generados por el aumento desmedido de los pisos turísticos se llevan padeciendo desde hace unos años en otras ciudades del país sin que las medidas para evitarlos hayan tenido demasiado efecto. Además de la repercusión directa en el negocio convencional, producen también impactos colaterales, como la incidencia en la vida vecinal, la alteración en materia de seguridad o el incremento del precio de los alquileres ante la escasez de inmuebles para el arrendamiento tradicional. En Madrid o en Barcelona, la viviendas VUT están provocando incluso la transformación de algunos barrios con el desplazamiento de sus residentes por el aterrizaje de fondos inmobiliarios e inversores extranjeros, buena parte de ellos procedentes de China y de Europa del Este, que adquieren edificios enteros para este tipo de estancias.
En Gijón la invasión no ha llegado todavía a tal extremo, pero el Ayuntamiento ha decidido plantar cara para intentar frenar la expansión de las residencias ilegales. La Corporación aprobó esta semana por unanimidad una iniciativa para poner en marcha actuaciones que permitan un mayor control de las viviendas destinadas al turismo que se escapan de la norma, al tiempo que emplaza a los ciudadanos a denunciar las situaciones que conozcan. La colaboración vecinal, en este caso, es fundamental. Solo el que reside enfrente, arriba o abajo, sabe lo que ocurre en el inmueble. La Administración no tiene capacidad para perseguir los pisos piratas uno a uno. Resulta imposible.
Como también resulta imposible acabar con el desmadre si cada municipio entabla la guerra por su cuenta, como está ocurriendo en todo el territorio nacional. Por ello urge una legislación estatal que regule las VUT en todos sus aspectos para impedir la competencia desleal que se está produciendo y sirva de garantía jurídica para todas las partes, propietarios y usuarios. De la misma manera que existe una ley que ampara el arrendamiento tradicional, tiene que haber otra que establezca las reglas del juego en un campo ahora excesivamente bananero.