Cuando en los días previos al acuerdo el propio Aurelio Martín decía que IU aspiraba a una concejalía de gobierno “relevante” era impensable desde afuera que la coalición, con solo un representante en el noble edificio de la plaza Mayor, acumulara áreas tan destacadas como las que va a asumir finalmente. Entre las ochenta y ocho medidas del pacto con el PSOE de Gijón no hay sorpresas. El retoque fiscal, la llingua, la memoria histórica y el laicismo son el ungüento ideológico de la izquierda sempiterna. Lo sorprendente es la entrega de carteras que de manera tan generosa hacen los socialistas, con la alcaldesa a la cabeza, al veterano dirigente de Izquierda Unida. Martín jugará un papel relevante y trascendental en el equipo de Ana González.
En sus manos recaen la movilidad y el medioambiente. Dos grandes retos, por no decir los mayores, que el municipio tiene por delante y que requerirán además medidas que afectarán directamente a los hábitos de los gijoneses. El concejal de IU tendrá bajo su responsabilidad una buena parte del proyecto de ciudad: la regulación del tráfico y de los aparcamientos, la restricción del coche en el casco urbano, la ampliación del centro peatonal, la prioridad del transporte público, el incremento de zonas verdes, el plan de vías y su intermodalidad, su conexión con el área metropolitana, el plan de residuos y el control de la contaminación. Desde luego, Aurelio Martin no puede ser únicamente el guardia del cruce, el inspector de la basura o el vigilante de la playa. Si en algo se tiene que transformar esta ciudad es en las materias sobre las que tendrá competencias.
Por lo tanto, llama la atención semejante delegación de poder. El temario, junto al urbanismo en general, es el que más tensiones ha generado entre las administraciones y el movimiento ciudadano. La relación en los últimos años de las federaciones vecinales con el partido socialista no han sido precisamente de complicidad en los asuntos mencionados. En algunos casos, las discrepancias fueron notables y sobre ellos se tendrán que adoptar ahora decisiones en función de los escenarios que se vayan presentando. Por ejemplo, el proyecto definitivo del soterramiento ferroviario y su estación central depende del estudio final de costes. Se aventuran cambios y el regreso al debate. La presencia de IU como agente activo en el gobierno local sirve de cordón con el colectivo vecinal para aportar sosiego en una contienda que puede explotar con mover una pieza.
Y en el capítulo medioambiental la desconfianza también sigue siendo elevada. La paralización de la depuradora del Este se sitúa en el centro de las mayores preocupaciones de esta ciudad sin ningún género de duda. La discusión no puede ser la situación de riesgo permanente en el que se encuentra la playa o continuar tirándonos los trastos a la cabeza cada vez que se produce una sentencia contra la viabilidad de la instalación. Resulta totalmente estéril seguir buscando culpables de semejante desaguisado. Se necesita valentía para asumir los errores que se tengan que asumir y tomar una decisión definitiva, sea la que sea y cueste lo que cueste.
El Gobierno central finalizará la tramitación ambiental a la vuelta del verano para su legalización. El expediente será nuevamente sometido a la Justicia. Sin embargo, los sucesivos varapalos judiciales ponen de manifiesto, a todas luces, que el emplazamiento de la EDAR es absolutamente incompatible con los vecinos de El Pisón. Izquierda Unida formaba parte de la Corporación municipal que, en su momento, optó por instalar la nueva depuradora en el mismo lugar donde funcionaba ‘la Plantona’, también con un amplio historial en los tribunales. Ahora su concejal, aunque no tendrá la última palabra porque corresponde a otras instancias, podrá contribuir a corregir el enredo haciendo valer el sentido común que entonces no se aplicó.