Decía Alberto González, el director general de la patronal asturiana, en su análisis sobre el buen dato de paro registrado a las puertas de verano, que a poco que la construcción se active la evolución del empleo experimenta una notable mejoría. Efectivamente la edificación y la obra pública son palancas del mercado laboral, creadoras intensas de puestos de trabajo, que comienzan a despertar lentamente del profundo letargo.
En un estado de movimiento incipiente el sector multiplicó por tres su reducción del desempleo en un año. Las cifras son todavía bajas, pero permiten ir neutralizando el efecto de la incertidumbre que tiende a agudizarse en la industria aún sin reflejar en las estadísticas. Antes de que todo esto llegue, la construcción necesita un empujón, que no se consigue sin el convencimiento de las administraciones para elevar los niveles de inversión pública, agilizar el despegue y eliminar las trabas. Al contrario de lo que sucede ahora con las servidumbres aeronáuticas establecidas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que mantienen paralizados varios proyectos en esta ciudad por falta de papeleo.
El organismo del Ministerio de Fomento ha cubierto prácticamente todo el mapa de Gijón de autopistas del cielo con una nueva normativa que afectan a las obras en altura. Cualquiera que quiera instalar una antena, una chimenea, la caja del ascensor o un cartel de publicidad en el tejado tiene que tener permiso de los señores que vigilan el tráfico de aviones. Las grúas para la edificación, también, de tal manera que se da la circunstancia de que algunos constructores con licencia para la actividad están ahora pendientes de la autorización aérea para levantar las viviendas.
Una vez que la ciudad vuelve a tener plan urbanístico tras ocho años de bloqueo, resulta inaudito que los proyectos sufran una ralentización por obstáculos burocráticos añadidos a la ventanilla municipal que alargan la tramitación. Alguna fórmula habrá que buscar para evitar que la velocidad de la reactivación del sector no dependa de un problema de gálibo.
El mal de altura tampoco es ajeno en Nuevo Roces. Los vecinos del barrio protestan por la decisión de una inmobiliaria local de construir un edificio de trece plantas al que llaman torre. La empresa en cuestión tenía la posibilidad de levantar un mamotreto de veintiséis, pero por ‘motu propio’ optó por recortar la elevación y distribuir la edificabilidad por la parcela para guardar cierto equilibrio y reducir el impacto de ‘Insignia’, como se denomina el proyecto. Sin embargo, los residentes han puesto el grito en el cielo en cuanto vieron que la constructora colocaba el cartel anunciador de las nuevas viviendas. Dicen que el bloque de trece rompe la estética y asombra la zona. Así que con esos argumentos y pancarta en mano quieren cambiar en la calle lo que quedó amparado por la normativa, pese a que la actuación al final es mucho más suave incluso de lo que estaba planificado. El plan especial de Roces no es de ahora, tiene una década y desde el primer momento ya estaban pintadas las torres enmarcando el barrio. Es decir, el diseño es anterior al vecindario.
Hubo antecedentes en esta ciudad en el que la movilización vecinal consiguió desbaratar el proyecto de un constructor que tenía todo el respaldo legal. Por ejemplo, el caso del ‘prau del Moro’, en La Calzada. Pero cuando se determina una regulación, después de superar todo tipo de procesos de información, consulta, alegaciones, etcétera, no es justo que la seguridad jurídica se quiebre por quienes deciden ir a la brava.