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Ángel M. González

Viento de Nordeste

Audacia contra la parálisis

Hace más de un mes la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, en una entrevista en este periódico achacaba a la falta de sentido de Estado que este país no tuviera presupuestos y que, por lo tanto, en la región hubiera proyectos estancados por semejante carencia de responsabilidad. Ahora ni presupuestos ni nuevo gobierno. El fracaso de la investidura transcurridos tres meses desde que los ciudadanos fuéramos convocados a las urnas prolonga esa situación de parálisis en un momento en que el anquilosamiento no hace otra cosa que acentuar los problemas que seguimos arrastrando tras la crisis económica y social más grave de la etapa democrática. Es inviable un gobierno de coalición entre quienes juegan en la mesa como tahúres, evidenciando una y otra vez la incompatibilidad como enemigo. Posiblemente se produzca en septiembre, a la vuelta de verano, para no recurrir a unas nuevas elecciones, pero no ofrecerá garantía de estabilidad entre unos socios que, en realidad, buscan su aniquilación.
Entretanto, la incidencia del ‘impasse’ nacional en el devenir de Asturias y de Gijón es grande. El bloqueo en Madrid obstaculiza la actuación política de los nuevos gobiernos constituidos tras los comicios del 26-M en el Principado y en la ciudad en aquellos asuntos donde se requiere la participación de la administración central. El catálogo de temas está repleto. Financiación autonómica, reforma energética, aranceles ambientales, apertura de la variante de Pajares o la mejora de los servicios ferroviarios de cercanías son algunos de los deberes pendientes a los que la interinidad gubernamental les afecta de lleno. El aplazamiento de soluciones, en algunos casos concretos, puede agravar la situación hasta extremos luego irremediables. Por ejemplo, en la industria electrointensiva, de la que dependen miles de puestos de trabajo.
En el ámbito municipal, la prolongación del gobierno en funciones por el fiasco institucional pone en riesgo el avance en los proyectos a los que llevamos aspirando más de una década. Su enumeración resulta cansina. Volvemos a la misma cantinela, pero cualquier decisión sobre la regasificadora de El Musel, la reapertura de la autopista del mar o el futuro de la depuradora del Este requiere la implicación de la administración central. No resultan suficientes las muestras de voluntad y las buenas palabras. A estas alturas, lo único que sirven son los hechos. Ya solo se puede creer lo que se ve o lo que se toca.
Lo mismo ocurre con los accesos eternos a El Musel y el desarrollo de la ZALIA, donde el concurso de Madrid a través de los puertos es parte fundamental. Hace unos días, los empresarios reclamaban que la zona logística estuviera conectada con la red de ancho internacional para que fuera realmente viable. De momento, ni está ni se espera. Bastante tiene el Ministerio de Fomento con que el AVE atraviese un día los túneles de la cordillera.
En el plan de vías el retraso ha sido oficializado esta semana. Después del empujón que recibió con el acuerdo de las tres administraciones y el consenso político-social aún tenemos que esperar casi un año para conocer el diseño definitivo del proyecto de soterramiento hasta La Calzada y de la estación intermodal. Los procesos de tramitación y la complejidad de los estudios son los argumentos esgrimidos para justificar la dilación. No se ha hablado ni de parálisis institucional ni de otras estrategias del partido en el poder, aunque en la mente opositora quepan todo tipo de interpretaciones. Pero dando por buenos los motivos aludidos alguien puede pensar que eso mismo ya se sabía cuando dijeron que estaría listo este verano. Quizás haya sido un error de cálculo.
Con este telón de fondo, la alcaldesa y el presidente del Principado tienen previsto celebrar una ‘minicumbre’ para determinar las tareas prioritarias que abordarán en favor de la ciudad. Adrián Barbón y Ana González quieren poner manos a la obra cuanto antes, pero van a tener que emplear una buena dosis de audacia en los despachos de la capital de España para evitar un mandato baldío.


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