El proyecto de ordenanzas fiscales «progresivo, equitativo y sostenible» elaborado por el nuevo gobierno municipal se ha traducido en el mayor clavel tributario en Gijón de la última década. Del ‘tasazo’ que prepara el Ayuntamiento no se librará el más humilde ciudadano por mucho que después lo quieran corregir con precios especiales para quienes tienen dificultades para llegar a fin de mes, que por cierto son muchos más de los que cobran la renta municipal o están enganchados por otras vías al soporte social. La consecuencia será que la ciudad resultará más cara para vivir.
La implantación del IBI diferenciado a las grandes superficies destinadas a oficinas, aparcamientos, comercio y hostelería y los gravámenes a los bancos, telefonías y energéticas supondrán unos ingresos adicionales sustanciales para las arcas municipales hasta ahora inexistentes. Pero se desconocen los efectos que su aplicación tendrá en la economía local y especialmente en los propios bolsillos de los gijoneses, teniendo en cuenta la capacidad de las empresas a las que se dirigen para discriminar territorialmente el precio de los servicios que ofrecen.
Por lo tanto, no se trata solo de lo que tendremos que pagar por la subida de la basura, del agua o de la ORA, sino también del alza que podemos llegar a sufrir en los recibos de la luz o del móvil, por aparcar en un subterráneo o comprar en el hipermercado.
La justificación de los regidores es que «tenemos que ser conscientes de que no es posible mantener los servicios a la ciudadanía con una congelación que dura ya más de ocho años». Es decir, el mismo argumento que ofrecieron cuando la Corporación se estrenó con la subida de los sueldos: la necesidad de la actualización. Da igual que sea de una forma o de otra, pero la culpa siempre la tendrá la herencia recibida.
Pues bien, los gijoneses estamos más legitimados que nunca para reclamar que el aumento de los impuestos no sea para mantener los servicios que hemos tenido hasta ahora, sino para mejorarlos e incrementar su eficiencia. En ello también va la retribución de los políticos.
Un ejemplo claro del deterioro de los servicios como consecuencia de los legados envenenados lo encontramos en el cierre de consultas de los centros de salud en la región durante el verano. En Gijón, el problema se agudizó más que en otros lugares por la nefasta gestión de personal impuesta desde la plaza del Carbayón, a veintiocho kilómetros de aquí, a las puertas de las vacaciones. Al desajuste producido en las plantillas por las jubilaciones debido a una absoluta falta de previsión en la cobertura de esos puestos se añaden otras circunstancias achacables solo a quienes ya no están al frente de la administración sanitaria asturiana.
Enumero tres que han agravado esa carencia de planificación. La primera, una oferta pública de plazas de médicos pendiente aún de resolver cuando ya ha transcurrido casi año y medio desde que se realizara la prueba. Semejante tardanza impide la consolidación de unos puestos en la atención primaria que evitaría la fuga de profesionales. La segunda medida adoptada por los gestores salientes, la puesta en marcha de un concurso de traslados justo antes del periodo estival provocando serios trastornos en buena parte de los puntos de atención primaria. Y la tercera, para rematar, la dispersión por toda Asturias de los médicos interinos de Gijón que fueron desalojados por dichos traslados generando un agujero en la bolsa de sustituciones.
De esta forma, al actual equipo le toca bailar con la más fea. Además de tener que adoptar medidas de choque para reducir unas listas de espera que ni siquiera cumplen con la normativa que el propio gobierno ha decretado, deberá replantear la política de personal y acometer la reestructuración que sea necesaria para evitar que vuelva a suceder lo que se ha padecido en agosto.