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Ángel M. González

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El PGO, a juicio

El urbanismo gijonés ha entrado de nuevo en los tribunales. El plan general se verá sometido a juicio de las salas de lo contencioso administrativo por la avalancha de recursos judiciales que se están presentando a partir de que se oficializara su entrada en vigor el pasado mes de febrero. Hasta ahora, cerca de sesenta demandas, que abarcan casi todos los flancos de la norma urbanística recién estrenada. La intervención de la justicia sobre determinadas decisiones establecidas en el documento no causa sorpresa. Después de un proceso en el que se llegaron a recibir más de un millar de alegaciones contra su contenido era lógico pensar que una buena parte de las discrepancias no atendidas llegaran a los juzgados, como está ocurriendo.
Sobre el PGO vuelve a planear la amenaza de la suspensión. Puede que los jueces obliguen a revisar algunas de las actuaciones concretas previstas en el papel, pero ello sería lo menos malo que podría suceder. El riesgo es que se reproduzca la misma situación que padecieron los dos planes anteriores, en 2006 y en 2011, anulados por los tribunales por las deficiencias legales observadas a lo largo de su procedimiento. En el nuevo PGO, sin embargo, el mayor empeño puesto durante la tramitación ha sido conseguir su blindaje ante la judicialización en el que se está adentrando ahora. El proceso de elaboración se alargó mandato y medio en buena parte por el esmero empleado para garantizar la seguridad jurídica que un documento de estas características debe ofrecer. Las dos exposiciones a información pública a las que fue sometido estaban encaminadas precisamente a corregir las lagunas halladas en los dos planes a los que sucede, apuntillados en su momento por un déficit de participación ciudadana. Pese a ello, siempre pueden existir resquicios por los que se puedan colar una petición de paralización. La incertidumbre en este sentido está servida.
Ante este escenario, el Ayuntamiento tiene fundamentalmente dos tareas por delante. La primera, la defensa en los tribunales con todos los medios a su alcance de una norma aprobada por el pleno, independientemente de que fuera de una corporación de distinto color al actual y de que el partido ahora en el gobierno no apoyara con su voto la aprobación. Se trata de un principio de responsabilidad institucional que no puede albergar ninguna duda. La alcaldesa, Ana González, ya avanzó que se iba a dar la batalla para que no prosperase ninguno de los recursos presentados.
Y la segunda, agilizar el desarrollo del PGO resolviendo con prontitud todos los expedientes que se vayan recibiendo al amparo de la nueva planificación. La judicialización coincide con la revitalización de la construcción en la ciudad después de la etapa negra que sufrió el sector por la gran recesión. El plan está siendo decisivo en la recuperación, como se puede comprobar a diario con la aparición de carteles que anuncian nuevas promociones inmobiliarias en el centro y en los barrios desde que se puso en marcha la norma. Ahora bien, el Ayuntamiento tiene que hacer todo lo posible, reforzando los servicios correspondientes si es necesario, para que las tramitaciones no se alarguen con el fin de contribuir a acelerar el despegue al que estamos asistiendo. La actividad, además de desenvolverse con todas las garantías legales, requiere también de una administración pública que resuelva de manera rápida y efectiva las solicitudes bajo el amparo de la reglamentación urbanística. Es la mejor forma de respaldar la resurrección de un sector intensivo en creación de empleo y que tanto aporta al crecimiento económico local. Ante la lentitud con la que se mueve la justicia, pisemos al menos por ese lado el acelerador.

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