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Ángel M. González

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Hay que invertir más

Esta semana, en la sesión plenaria, la oposición afeó que el gobierno municipal dedicara a la ejecución de obras unos fondos que este año estaban destinados a costear planes de empleo. La razón esgrimida por la concejala de Hacienda para la modificación presupuestaria ha sido la falta de tiempo para llevar adelante una convocatoria que diera salida a los recursos reservados a aquel menester. El motivo es suficientemente válido para la redistribución porque carece de sentido arrastrar remanentes cuando lo que se necesita es poner el dinero en circulación. Bienvenida la inversión pública por pequeña que esta sea. Ya lo dijimos en más de una ocasión. Las administraciones tienen que acompañar la reactivación económica con una mayor participación mediante una política expansiva en aquel capítulo. Es la única forma de aguantar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo en un momento en que se empiezan a detectar síntomas de desaceleración. No hay mejor plan de empleo que una buena obra.
La ruptura de la regla del gasto que mantiene amordazados a los ayuntamientos es fundamental para conseguir dicho objetivo. Tener inmovilizados millones de euros mientras la economía sigue necesitando balones de oxígeno puede ser calificado hasta de inmoral. La disciplina fiscal que de forma marcial imperó en los últimos años no puede seguir frenando el presupuesto inversor. En todo caso, la disciplina tiene que ser más férrea si cabe en el control del gasto corriente, en evitar los sobrecostes, en gestionar con más eficacia, en aplicar la transparencia total y en mejorar los servicios a la ciudadanía, sobre todo cuando a cambio se pide un mayor esfuerzo a los contribuyentes.
A este respecto, el próximo año los gijoneses vamos a pagar más por el agua. El consejo de administración de la EMA aprobó la subida del 5% en todas sus tarifas, conforme a lo prescrito en el proyecto de ordenanzas fiscales que el Ayuntamiento quiere aplicar para incrementar la recaudación. Sobre la mesa se pusieron tres argumentos para adoptar tal decisión: la bajada de los precios decretada por el anterior gobierno local, el impacto que ello tuvo en los beneficios de la empresa municipal hasta caer un 50% y la necesidad de acometer un plan para renovar las redes de distribución de agua y extender el alcantarillado a la zona rural. Las dos primeras justificaciones no resultan convincentes. Si la compañía pudo mantener las tarifas sin tocar e incluso con una revisión a la baja en estos últimos ocho años fue precisamente por las ganancias que ha ido acumulando ejercicio tras ejercicio. Los beneficios revertieron de esa manera al ciudadano y además sin comprometer la inversión. La empresa de aguas, de hecho, ha sido la entidad municipal de la región que más recursos destinó a acometer nuevos proyectos durante todo este tiempo de sequía en la comunidad autónoma como consecuencia de la crisis. Mientras otros organismos se entretuvieron en informes y estudios para ir aplazando las ejecuciones con partidas presupuestarias ridículas, el colector de Viesques ya finalizado y los pozos de tormentas del parque de Hermanos Castro y del Arbeyal que se están ahora acometiendo se han convertido en expresión de esa actividad inversora.
La EMA prevé ingresar más de un millón de euros adicionales con la subida de las tasas. Un millón de euros al año que no tendrían que destinarse a engrosar la caja de la empresa pública -los partidos de la oposición cifran en veintisiete millones de euros la cantidad que tiene en la hucha-, sino para continuar mejorando la red de saneamiento de la ciudad, que tanta falta hace. Es su tercer argumento. Una razón válida si se lleva a efecto. Veremos cómo se traduce el incremento planteado también para la recogida de la basura, que aún está pendiente de dictamen.


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