Algo hemos hecho rematadamente mal en estos últimos años para que Asturias se siga vaciando de jóvenes, profesionales, investigadores y empresarios. No estamos siendo capaces aún de frenar el éxodo cuando ya empezamos a ver de nuevo las orejas al lobo con los primeros efectos de la desaceleración y el proceso de desindustrialización en el que nos adentramos. Este fenómeno, por lo tanto, continuará imparable mientras sigamos cruzados de brazos sin corregir con urgencia las políticas que han contribuido a la huida.
La deslocalización de las fortunas se ha convertido en otro de los graves problemas de la región. Quienes le han venido restando importancia desde las instituciones acabarán viendo su equivocación. La fuga por razones fiscales de estos grandes contribuyentes no se ha frenado. Un buen conocedor de los asuntos tributarios me comentaba hace unos días que emprendedores relevantes de la industria y de los servicios al borde del relevo familiar estaban preparando también su realojo domiciliario en Madrid siguiendo la estela de quienes decidieron localizarse fuera de Asturias por cuestiones hacendísticas.
Uno de cada cinco propietarios de acciones de empresas no cotizadas ha decidido establecer su domicilio fiscal en otro lugar durante los últimos ocho años. La pérdida de patrimonio por las condiciones de tributación en esta comunidad autónoma ha sido notable y las nuevas sociedades que aquí se constituyen tienen un capital inferior a la media nacional por la discriminación fiscal.
En Asturias se aplica uno de los tipos más altos del IRPF para las rentas elevadas, el tercer mayor gravamen del país en actos jurídicos documentados y los impuestos sobre el patrimonio y sucesiones y donaciones que en la mayor parte de regiones han quedado en la práctica suprimidos. Este panorama se traduce, al final, en una pérdida de competitividad mayúscula para retener y atraer capitales, de los que no estamos en absoluto sobrados, con los consiguientes efectos en la riqueza económica, en el empleo y en la propia recaudación.
A todo ello el presidente del Gobierno regional, Adrián Barbón, le puso un nombre, el famoso ‘dumping fiscal’ ejercido por Madrid para conseguir que desde el Principado se desplazaran a la capital de España el doble de rentas que las procedentes del resto de las autonomías.
El propio Barbón pudo comprobar esta misma semana un producto de lo que estamos diciendo con la apertura de la nueva sede de la Fundación María Cristina Masaveu Petterson. El legado de una familia tan vinculada a Asturias, hasta hace muy pocos años afincada en Gijón, que emplaza su capitanía en la madrileña calle de Alcalá Galiano.
Como asturiano resulta una satisfacción encontrar ese maravilloso espacio en el corazón del país donde se puede disfrutar del gran mecenazgo cultural y artístico de la mayor dinastía industrial y financiera con raíces en esta tierra. Pero al mismo tiempo produce tristeza que tenga que ser así. De todas formas, quizás ello contribuya también a que se pueda abrir una reflexión de verdad sobre la política que se ha venido aplicando en este trozo del Norte separado del resto por las montañas mientras otras comunidades al sur de Pajares cabalgaban. A lo mejor cambiaban las cosas.
El Principado tiene proyectado poner en marcha un sistema de incentivos fiscales para volver a llenar de gente las aldeas con el fin de combatir la despoblación en las zonas rurales. Por supuesto que puede ser una buena idea, pero no nos ocurrirá lo de Avinyonet del Penedés, la pequeña localidad catalana a la que le tocó la quiniela en la estadística de la Administración Tributaria. Una villa de apenas 1.600 habitantes que de golpe duplicó su nivel de renta media hasta ocupar el segundo puesto entre los pueblos más ricos porque se asentó en el lugar el millonario Mauricio Botton, que ocupa el puesto 45 en la lista de Forbes sobre los españoles más acaudalados. No parece que aquí nos vaya a caer semejante breva.