La casualidad ha permitido que en los últimos días se haya podido pasar revista al estado de cuatro grandes infraestructuras de esta ciudad que permanecen durmientes cada una de ellas por distintos motivos, aunque todas influidas por una administración sometida a los vaivenes de la política, perezosa e incompetente. Tras escuchar a los protagonistas la conclusión final, asumiendo incluso que se hayan producido avances, es que el letargo todavía seguirá siendo largo, con el riesgo de que su prolongación conduzca en algún caso al descanso eterno. Los cuatro pilares a los que me refiero son la depuradora del este, la regasificadora de El Musel, la autopista del mar y el plan de vías. Hay quien pensará, con razón, que es la misma cantinela de siempre. Cierto, pero de ellas depende, en mayor o menor grado, una buena parte del devenir de esta ciudad. Por lo tanto, obligado es el repaso.
La situación de la depuradora no deja de ser un escándalo. Después de tres años de paralización judicial, la instalación dispone ya de la declaración de impacto ambiental que avala su emplazamiento en El Pisón, pero necesita todavía casi un par de años más de tramitaciones administrativas y obras para su arranque. Mientras tanto, seguiremos vertiendo libremente al mar, afrontando la multimillonaria sanción europea por atentado medioambiental cada seis meses y posibilitando nuevas acciones judiciales que sigan embarrando el proceso. El mayor enemigo del interés general que tiene ahora la planta es la desesperante lentitud de las autoridades competentes. Solo lo que se genera en costes desde abril de 2016 que la Justicia dictaminó la ilegalidad hasta su puesta en funcionamiento daría para pagar dos chalés a cada vecino.
La regasificadora lleva en hibernación desde 2012. Cuando finalizó no tenía hueco en el mercado ni acreditación ambiental para su activación, como también se puso de manifiesto por sentencia. Ahora, Enagás ha urgido al Ministerio de Transición Ecológica para que expida la autorización con rapidez ya que la planta gijonesa tiene la oportunidad de engancharse al negocio como almacén de gas y estación de suministro de combustible para los barcos. La red de depósitos en España ha quedado saturada, Bilbao está al límite y El Musel es el enclave perfecto del Norte para una gasinera. Sin embargo, el tiempo continúa corriendo en contra. Han transcurrido siete años y todavía no tenemos los papeles en regla para decir «señores, mañana mismo arrancamos».
Con la autopista del mar, seguimos mareando la perdiz. Cuando Balearia anunció su propósito en recuperar el enlace marítimo con Nantes-Saint Nazaire le dimos la bienvenida. Ahora, el deseo es que su interés no desfallezca. Después de echar cuentas y analizar el mercado, la naviera levantina ha llegado a la misma conclusión que la empresa francesa que decidió abandonar el proyecto tras cuatro años de explotación. La viabilidad es imposible sin el apoyo financiero de la administración.
Balearia se comprometió a aquilatar los números, pero con la advertencia de que necesitará ayudas para poner el ferry a navegar. Aunque Puertos del Estado prometió dinero, el Principado está dispuesto a poner algo de pasta y el Ayuntamiento, respaldo moral, habrá que ver el alcance de la cuantía. LD Lines dio la espantada con una media de ocupación del barco del 70 por ciento, 30 millones de euros en subvenciones y la coparticipación económica de las instituciones galas. La incógnita es si el socio de la Bretaña mantiene el mismo empeño que nosotros para pagar a medias la recuperación de la línea.
Y por último, el plan de vías. Es cierto, como dicen los nuevos mandatarios, que resulta absurdo debatir sobre la ubicación de la estación hasta que no se conozca el estudio informativo que elabora la empresa pública Ineco sobre su construcción junto al Museo del Ferrocarril. Pero también es real la acumulación de sospechas de que algo va a pasar una vez que se conozcan los resultados del análisis: Discrepancias de los técnicos, nerviosismo entre los operadores o el cuestionamiento de la centralidad que tan explícitamente realizó esta misma semana el vicepresidente del Gobierno asturiano, Juan Cofiño.
Algo va a suceder y la clave figura en el mismo convenio que nació del consenso cuando se determinó cambiar el proyecto. El 20 por ciento. Si el coste final supera en ese porcentaje el importe de la actuación calculado a ojo de buen cubero, volveremos a Moreda.