Ya podemos entrar en 2020 con gaita y tambor festejando que Gijón, después de dos ejercicios consecutivos de prórroga en las cuentas municipales, abrirá el año con nuevos presupuestos. Celebremos con fuegos de artificio lanzados desde la atalaya que el equipo gobernante haya podido sacar adelante un proyecto presupuestario con la abstención técnica de Podemos. La formación morada se ha comportado con el PSOE de la misma manera que lo hizo en el último cuatrienio forista, aunque con mayor generosidad incluso. Salvada la parte de los ingresos mediante el acuerdo para implantar el IBI para ricos y subir de manera generalizada la basura, el agua y la ORA, el lado de los gastos era de suponer que no acarrearía mayor obstáculo. Así ha sido. El resultado es el «presupuesto ideológico» definido por la concejala de Hacienda, Marina Pineda, con una atención especial a la política social, renta incluida. La izquierda en bloque ondea la bandera de ‘Xixón’ con satisfacción y orgullo.
Tenemos presupuestos locales y vamos a tener presupuestos regionales, pues no parece que el gobierno de Adrián Barbón encuentre mucha dificultad para lograr los votos indispensables que le permitan su aprobación. Necesitamos que ambas administraciones puedan desempeñar su labor con normalidad para que en lo más cercano a la ciudadanía se consiga una estabilidad institucional que evite el agravamiento de los problemas que se puedan generar en el escenario estatal. Es fundamental que los gobiernos, en el municipio y en la comunidad autónoma, desarrollen su tarea con todas las herramientas y, a la vez, que la oposición ejerza su labor de manera responsable y constructiva.
Los tiempos que nos aguardan no pueden ser más inciertos. En el horizonte se vislumbran dos grandes males que marcan un devenir difícil para el lugar en que habitamos y que no se pueden combatir simplemente con una visión optimista sobre una tozuda realidad que suscita cada vez más inquietud. Esas dos desgracias son el desequilibrio territorial y la contracción de la economía. El resto de los problemas que padecemos, el déficit de las infraestructuras ferroviarias, la situación de la industria o el despoblamiento, son producto en buena parte de ambas calamidades.
Las negociaciones para la investidura se han convertido en una operación para repartir dinero a cambio del voto independentista, nacionalista y regionalista en perjuicio de autonomías como Asturias que no están invitadas a la fiesta. La desaceleración, por otro lado, ya se ha dejado notar en la estadística del paro. La creación de empleo se ha frenado.
Por lo tanto no nos quedan más que dos alternativas: la unión política y social en una sola voz cuyos decibelios rompan los tímpanos en Madrid y aprovechar al máximo los recursos que tenemos, entre ellos los presupuestos.
Sin embargo, las cuentas aprobadas en Gijón y el proyecto diseñado por el gabinete de Barbón para la región tienen un dominador común que limitan la expansión: el elevadísimo gasto corriente, la losa de la deuda y el coste de los compromisos derivados de anteriores ejecutivos. Cuando se habla del incremento presupuestario del gasto social en Asturias, en realidad se debe al imparable aumento de los costes fijos registrados en los tres pilares del estado del bienestar –sanidad, educación y servicios sociales–.
Por el contrario, la inversión pública, que en los dos casos crece pero muy levemente, vuelve a ser el capítulo más sacrificado, cuando es el único que puede contribuir a aguantar la caída de la economía. Es prioritaria una reducción en los costes de funcionamiento en el Ayuntamiento y en el Principado. Las dos administraciones tienen que ser sometidas a sendos planes de racionalización, cuya vigencia abarque todo el mandato, con medidas de ahorro y contra el despilfarro. A buen seguro se podrían liberar fondos para reforzar la política inversora, generadora de riqueza y puestos de trabajo. Pero para ello hace falta voluntad y valentía.