Después de un estreno de año embriagado por la política de alto voltaje tenemos ante nosotros un hecho estimulante para la adormecida economía regional, con la esperanza de que sea el inicio de un despertar en medio de los tiempos convulsos que estamos viviendo. El arranque del horno alto de ArcelorMittal en Gijón y de las nuevas baterías de cok es una magnífica noticia, aunque se produzca en mitad de los nubarrones que, junto a los problemas intrínsicos del sector en España, continúan siendo una amenaza para la actividad. Véanse el ‘Brexit’, la guerra comercial o la tensión en Oriente Próximo. Pero el «leve repunte» que lleva al encendido es un buen dato para el mayor soporte de la industria asturiana, que comienza de esta manera su renacimiento.
Con la puesta en marcha de las instalaciones tras las reformas, la siderurgia abre su particular proceso de transición hacia la descarbonización. Las tecnologías implantadas en el horno B, en la reconstrucción de las baterías y las que se están introduciendo en el sínter permitirán aplicar, de forma paulatina, un nuevo sistema de producción de acero más limpio y sostenible. Bueno para la empresa, que ganará en competitividad, y bueno para la comunidad, que respirará mejor.
Sin embargo, la eficiencia que se irá consiguiendo en la cabecera de Gijón no quedará completada mientras siga padeciendo problemas estructurales aguas abajo, pendientes de corregir, que pueden llegar a ser más evidentes conforme vaya resucitando el mercado. Esa es la tarea quizás más inmediata si no queremos que la reactivación venga acompañada de ajustes indeseados. Fue un acierto para la multinacional acometer las mejoras en la factoría gijonesa coincidiendo con la caída de la demanda. Ya lo hemos comentado en otra ocasión. En ese sentido hemos sido afortunados. El arranque ahora será lento, amoldado a los pequeños picos de recuperación que se vayan dando, de tal manera que requerirá paciencia y, sobre todo, responsabilidad de todas las partes para seguir manteniendo la siderurgia otros cincuenta años.
En ese reparto de responsabilidades al nuevo gobierno de coalición le toca una relevante función. Le corresponde establecer las condiciones para que la industria pueda desplegar su actividad en favor del progreso económico y del empleo. Hace unos días la diputada asturiana de Podemos, Sofía Castañón, señalaba que «la lucha contra las deslocalizaciones es una cuestión de patriotismo». No se puede estar más de acuerdo con la política gijonesa. El principal factor para evitar ese riesgo es el precio de la energía. El propio Pedro Sánchez se comprometió a adoptar medidas ante Lakshmi Mittal en el encuentro mantenido en Moncloa el pasado mes de octubre ante la crítica situación que estaban atravesando las factorías de la región.
La primera ‘actuación patriótica’ de un ejecutivo donde los socios se vigilan recíprocamente tiene que ser la aprobación del estatuto para la industria electrointensiva, una norma, por cierto, que beneficiará a más empresas catalanas que asturianas. Pero tan decisivo como el estatuto para alcanzar los niveles de Francia o Alemania, donde en sentimiento patrio también nos ganan, son las compensaciones por los costes de emisiones indirectas de CO2.
En este asunto, el gobierno español puede hacer más. La autolimitación impuesta hasta ahora en el uso del sistema de subvenciones reconocido por la UE carece de lógica cuando la realidad muestra el sufrimiento empresarial por el impacto de la electricidad en sus cuentas y las dificultades para competir en el mismísimo continente europeo. El mecanismo ofrece un margen mayor del 25% de los ingresos de las subastas de emisiones que se está planteando como meta. No es cierto que ese porcentaje sea el techo máximo fijado por Bruselas para evitar que nos castigue por ayudas de estado. La compensación puede ser superior si existen razones que la justifiquen, dice la regulación comunitaria. Y no hay razón más poderosa que cuando peligra un sector y los puestos de trabajo que conlleva. La vicepresidencia verde tiene la palabra.