Fernando Morán, el excepcional político asturiano al que estos días hemos rendido tributo, decía de la entrada en la Unión Europa que una vez que habíamos saltado la valla debíamos estar allí con todas las consecuencias. “Estamos ya dentro del campo y tenemos que ver lo que dentro del campo hay”, sostenía el hombre de cuya mano recorrimos el camino de la integración poco después de que firmara el tratado de adhesión de España al son del ‘Asturias, patria querida”. Han transcurrido desde entonces treinta y cinco años y el campo lo tenemos suficientemente visto para concluir que la UE ha ejercido sobre nosotros el papel del tutor que nos castiga cuando incumplimos, al que culpamos cuando las circunstancias nos vienen mal dadas y al que acudimos cuando necesitamos protección. En resumen, si no estuviéramos en la UE no seríamos lo que somos, ni para lo bueno ni para lo nefasto.

Por ejemplo, la Unión es capaz de recordarnos machaconamente cada poco tiempo de que las aguas fecales de la mitad de la población de Gijón vierten directamente al mar con la mayor multa de la historia de este país por falta de depuración. La sanción que la Administración central tiene que pagar cada seis meses a Bruselas, cerca de doce millones de euros, acabará superando con creces el dinero destinado a la chapucera instalación de la planta de El Pisón. Mientras la Europa comunitaria nos mantiene sacados los colores, seguimos esperando a que los responsables de turno, en el ministerio correspondiente, cierren de una vez por todas su blindaje legal.

La Unión Europea también sirve de pretexto para autolimitar la acción política en cuestiones domésticas dentro de la crisis de gobernanza que estamos padeciendo. Es el caso de la justificación ofrecida desde el Gobierno cuando presentó el proyecto de estatuto para los consumidores electrointensivos, que solo recibió muestras de insatisfacción. El plan era el único posible ante las condiciones impuestas por las autoridades de la UE y de la Competencia. Pero la coartada no es válida. En todo caso, la exigencia sería que se ejerciera una mejor defensa de la industria en la sede de la capital belga. Morán ya advertía de los desequilibrios de la Vieja Europa, entonces cortada por un hachazo entre el este y el oeste. Tres décadas después las diferencias persisten, aunque de otra manera, e incluso se han agudizado entre el norte y el sur. Los precios de la energía es una de ellas. Mientras no tengamos una puesta en común comunitaria en esta materia, no nos queda otra que solucionar las diferencias con Francia y Alemania mediante el ejercicio de la política interna. La Administración central tiene la oportunidad de mejorar las condiciones del esperado estatuto atendiendo a la singularidad de la siderurgia, del zinc y del aluminio, que son pilares de nuestra base industrial, sin dejar de favorecer al resto de sectores productivos. En las alegaciones presentadas por el Principado, Fade, las empresas y los sindicatos se encuentran los ingredientes para fabricar el marco que permita que el coste de la luz no sea un factor discriminatorio dentro del propio continente. No se trata de saltarse ninguna norma, sino de emular lo que hacen otros socios a los que les importa menos la lupa.

Y hay una tercera versión de la UE que es la financiera, la que se supone tendría que contribuir a la cohesión. Soplan malos vientos. El Brexit nos deja un agujero en el presupuesto europeo de 75.000 millones de euros en siete años, por lo que los recursos para repartir menguarán estrepitosamente. De ahí, por ejemplo, que los ‘fondos verdes’, que iban a ser la panacea para facilitar la transición energética, la mayor prioridad de la Unión junto a la seguridad, tengan una dotación ridícula, cuya traducción en Asturias resulta una migaja. No sirven los criterios de distribución, como estamos argumentando en el rechazo a la propuesta de la Comisión, pero tampoco la cuantía total del programa, que tendría que ser mucho más ambiciosa teniendo en cuenta el alcance de la reconversión a la que nos estamos enfrentando.