Salvando a las empresas que aprovecharon el fin de semana para preparar el arranque, a partir de mañana la industria y la construcción tienen el camino expedito para reanudar la tarea después del parón general ordenado por el Gobierno para la actividad no esencial. Volverán a producir, pero a un ritmo por lo general inferior al que lo venían haciendo antes de que estallara la crisis sanitaria y por debajo también del que mantenían cuando se vieron sometidas a la hibernación por la contracción que sufren los mercados.
Empiezan a realizarse pronósticos sobre hasta dónde puede llegar a caer este año la economía española y hay quien aventura un desplome de dos dígitos, lo que nos colocaría en un escenario totalmente inédito con vistas a la recuperación. En el caso de Asturias, el impacto sobre la riqueza supera ya los mil millones de euros a tenor de los cálculos empresariales, por lo que estamos hablando de una caída del PIB superior al 4%, que será muchísimo más ante la prolongación del cierre para el resto de la estructura económica por el estado de alarma. En definitiva, un desastre económico y social de proporciones desconocidas hasta ahora, que además se produce de una manera súbita y sin perspectivas de que la salida sea tan rápida como se está sucediendo la catástrofe.
Aunque la pandemia económica es un desafío global, de la misma manera que lo es la lucha contra el coronavirus, el combate requiere respuestas cercanas más eficaces. La reconstrucción a la que tanto nos estamos refiriendo desde que sufrimos el ataque del Covid-19 se acomete en dos fases. La primera, en la que nos encontramos, es el rescate en la orilla, la red de seguridad de la que habla la vicepresidenta Nadia Calviño en sus comparecencias. Se trata de ese primer plan de choque puesto en marcha por decreto y sin pactar con los agentes sociales por el Gobierno y el Principado de una forma alocada, confusa y chapucera. Una retahíla de medidas, algunas de ellas desconcertantes, que mucho se teme que no lograrán impedir el naufragio de miles de pymes, autónomos y pequeños negocios del comercio y de la hostelería en la región y en el país.
Las condiciones de los ERTE exprés, los créditos avalados y las moratorias de pago son acciones de corto plazo, que pueden convertirse en una trampa si la crisis se extiende más en el tiempo. Al final supone un aplazamiento peligroso de la carga, que requerirá luego un sobresfuerzo. Además de flexibilidad en las regulaciones y agilidad en las tramitaciones, se tendría que pensar en bonificaciones, exenciones y condonaciones fiscales para salvar a las microempresas y detener la hemorragia en el empleo. Cuanto mayor sea ahora el torniquete que se aplique, menos complicada será luego la reanimación.
España acaba de conseguir un leve respiro con el manguerazo de la Unión Europea para regar de liquidez a los países más afectados. La decisión, aunque pendiente de conocer la letra pequeña, abre un pequeño margen para reforzar la artillería con el fin de salvar la vida y la economía, que son los dos objetivos de este difícil trecho que estamos recorriendo. Luego vendrá la segunda fase, en la que posiblemente no entraremos hasta el próximo año, una vez que salgamos del infierno. Será la etapa de la vacuna contra el virus y de la reactivación para la que vamos a requerir ingentes recursos y capacidad presupuestaria para afrontarla. Necesitaremos acuerdos político-sociales a cinco niveles distintos para que no queden rincones abandonados: municipal, regional, nacional, europeo e internacional. El reto es acometer esa reconstrucción local y global que relance la economía y el empleo, fortalezca el estado de bienestar y contribuya a eliminar la pobreza de una forma más solidaria. Para ello, hay que buscar instrumentos financieros que no hipotequen a las generaciones venideras y que eviten no agravar el desastre aplicando recetas del pasado.