Confieso que me resultaba muy difícil de creer aquel informe de las asociaciones de los sanitarios especialistas en cuidados intensivos del pasado 16 de marzo sobre el impacto que la pandemia podría llegar a tener en nuestro país. El panorama que avanzaban era inimaginable por horroroso. De los tres escenarios que planteaban en el estudio epidemiológico, el más moderado era absolutamente atroz por el número de contagios que pronosticaba y el elevadísimo nivel de fallecimientos. El cuadro más optimista apuntaba que, al cabo de doce semanas de propagación, se podrían registrar más de 128.000 ingresos hospitalarios y 36.800 muertes en todo el territorio nacional. El más pesimista multiplicaba casi por tres los efectos devastadores del COVID-19. La proyección partía de los casos que ya se habían manifestado en la semana anterior en Madrid, en aquellos primeros días negros del coronavirus en España, después de que más de un millón de personas se concentraran en calles, pabellones y estadios de fútbol cuando la infección ya empezaba a circular. Y establecía que el pico de la expansión se produciría en la séptima semana.
Vamos a entrar en ese periodo. A partir de mañana afrontamos esa semana siete con unos registros trágicos, igualmente impensables hace apenas dos meses cuando se tuvo conocimiento del primer contagio: casi 192.000 positivos y 20.000 defunciones, según la contabilidad oficial. Un balance que, por el contrario, no refleja toda la realidad. En el tiempo que llevamos de pandemia fallecieron más de 10.000 personas en residencias de ancianos o en sus domicilios y una buena mayoría no figuran en aquella estadística por los criterios de confirmación. Por esos mismos criterios, llevamos varios días recorriendo la meseta de la gráfica, en los puestos de cabeza del ranking mundial de muertes, y nos encaminamos a superar la previsión más moderada sobre víctimas que aventuraban los profesionales de las UCI. En Asturias, el pronóstico sobre el número de afectados que reflejaba el plan de contingencia también será sobrepasado, pese a que no hayamos alcanzado ningún día el nivel crítico de contagios positivos. Junto a los 2.300 ‘oficiales’, la propia administración sanitaria recuerda que hay otros 7.000 con síntomas que están en sus casas vigilados por los servicios de atención primaria.
Sin embargo, no cabe duda alguna de que el confinamiento evitó una catástrofe mayor. El encierro en nuestros domicilios impidió la multiplicación de los enfermos y salvó miles y miles de vidas, aunque hayamos tenido que sacrificar la economía, convertida ahora en otro drama que tardaremos tiempo en superar. Entramos ahora en esa séptima semana de expansión de la enfermedad y en la quinta del estado de alarma pensando en cuándo y de qué manera empezaremos a abordar la transición hacia la normalidad.
Tenemos siete días decisivos por delante, antes de afrontar la tercera prórroga, para ir determinando el alcance de un desconfinamiento suave, gradual y coordinado. Ideas para emprender esta delicada fase de retorno no faltan: Por territorios, por zonas piloto, permitiendo el paseo por franjas horarias, la práctica del ejercicio físico, el uso de parques y playas, la apertura de los pequeños comercios, de la hostelería con terraza… El presidente del Gobierno anunció ayer la primera de ellas, la salida limitada de los niños desde el 27 de abril. Después de tantas horas de enclaustramiento, los ciudadanos han demostrado, en su inmensa mayoría, responsabilidad suficiente para afrontar esa vuelta escalonada a lo cotidiano con los medios de defensa y la distancia social que el maldito virus nos obliga a adoptar.
Pero no nos podemos dejar llevar por las decisiones en países de nuestro entorno con situaciones distintas a las nuestras o por presiones sociales y políticas. Antes de todo ello las autoridades tienen todavía algunos deberes por cumplir. No se puede plantear el regreso, corriendo el riesgo de un rebrote, sin tener una aproximación más certera del impacto real de la pandemia. Tiene que aplicarse un testado mucho más amplio del que se está haciendo para conocer el grado de inmunidad y propagación entre la población con o sin síntomas. Hace falta una reserva suficiente de equipos de protección para garantizar la seguridad del personal sanitario. Es fundamental que el mercado esté bien abastecido de mascarillas al alcance de la ciudadanía para acabar con la especulación. Y, sobre todo, una gestión más eficaz para conseguir que las residencias de mayores sean lugares libres de transmisión.