Cuando el pasado 19 de enero el joven Jordán llamó a la redacción de este periódico pidiendo ayuda ante el deterioro que sufría la vivienda pública donde residía con sus dos hermanos en La Calzada llevaba más de mes y medio peleando con los servicios sociales. Vipasa, la propietaria del piso, fue dando largas a los chavales desde que el pasado 8 de diciembre se agravaron las humedades provocadas por las filtraciones que hacían inhabitable el inmueble.
Las autoridades, después de que este diario se hiciera eco de aquella situación, tardaron aún varios días en ofrecer alternativas habitacionales a los tres jóvenes. Por el contrario, las expresiones de solidaridad de organizaciones ciudadanas y particulares aportando soluciones se pusieron de manifiesto desde el primer día. Como suele ocurrir, la sociedad reacciona más rápido que las administraciones.
El caso de los hermanos Santana, más allá del drama familiar que lo envuelve y de la capacidad demostrada de unos jóvenes que luchan por salir adelante y forjar una vida digna, saca a la luz las condiciones en las que se encuentran una buena parte del parque de viviendas propiedad de las instituciones para albergar a las personas con dificultades económicas. En el caso de Vipasa, los daños que padecen sus inmuebles ya no solo se deben a la antigüedad que acumulan sino también a las deficiencias en la construcción de algunos edificios promovidos por la empresa pública en los últimos años. Jordán y sus hermanos decidieron denunciar públicamente los desperfectos para lograr una atención rápida, pero son numerosas las quejas que se suceden por parte de inquilinos repartidos por Gijón y por la mayor parte de las localidades asturianas sobre el estado de los pisos de titularidad regional.
Vipasa es la mayor inmobiliaria de Asturias. Un instrumento indudablemente necesario que fue creado hace justo treinta años para facilitar el acceso a una casa de las familias más modestas mediante rentas asequibles. Convertida en el brazo ejecutor de la política de vivienda del Gobierno asturiano, la empresa pública ha dado cobijo a decenas de miles de personas desde su constitución y ha contribuido a ir erradicando el chabolismo, aunque todavía quedan poblados que requieren intervención.
Según la última memoria de la sociedad, cerca de 9.600 viviendas en Asturias son propiedad de esta entidad, que cobra una media de 81 euros mensuales por su arrendamiento. Casi 5.000 personas se beneficiaron de las ayudas al alquiler gestionadas por la empresa, permitiendo reducir a la mitad el importe del recibo. Melania Álvarez, la consejera de Derechos Sociales y portavoz del Gobierno autonómico, en la presentación del informe de actividades de Vipasa, decía que «Asturias se ha consolidado como un referente europeo en política habitacional por su apuesta en favor de la vivienda asequible, accesible y sostenible». Pero para preservar la calidad de este importante servicio público y defender con más argumentos dicha afirmación se exigen recursos, rapidez de respuesta y agilidad en las tramitaciones. En el estado de una buena parte de los inmuebles confluyen las tres circunstancias. Aunque la entidad aumentó en el primer año de la pandemia su presupuesto para el mantenimiento y la rehabilitación de las casas, el dinero destinado a las reparaciones y mejoras continúa siendo insuficiente. El plan debería de ser más ambicioso e incluir una mayor coordinación con los ayuntamientos para que el papeleo no suponga un obstáculo a la velocidad de las actuaciones.

Nota: Hablando de servicios sociales, la burocracia sigue pesando en ellos como una losa. Se ha convertido en un fenómeno incorregible. Sin embargo, mayor escándalo es cuando el propio sistema de burocratización establecido falla estrepitosamente por la incompetencia administrativa. Ha ocurrido estos días con el ingreso mínimo vital. El rechazo del Instituto Nacional de Seguridad Social al traspaso de datos por el Principado de los aspirantes a percibir la prestación transcurridos seis meses desde que se inició el proceso es el colmo del funcionamiento chapucero de las instituciones públicas.
El cambio de criterio por parte del organismo ministerial, además de suponer un coste adicional para las arcas asturianas, retrasará más tiempo el cobro del subsidio para 9.000 personas con el riesgo añadido de que no perciban euro alguno por atrasos. Peor no se puede hacer.