Cuando Foro estaba a las puertas de hacerse con la Alcaldía de Gijón en 2011, un dirigente socialista de peso en la agrupación local reconocía la imperiosa necesidad que tenía el partido de recomponer la conexión con los movimientos sociales y las organizaciones vecinales, deteriorada después de tres décadas de mandato. En aquellas elecciones el PSOE, pese al desgaste arrastrado al que se refería en la reflexión, aguantó el resultado convirtiéndose en la formación más votada, aunque insuficiente para preservar el bastón de mando. En los siguientes comicios recibió un severo castigo, el mayor descalabro de su historia. En cuatro años, los socialistas no habían aprendido la lección. El distanciamiento se fue agrandando dejando espacio a otras siglas significativamente sensibles con la inquietud ciudadana más estructurada. Recobrada la confianza y recuperado el poder en medio de la fragmentación política en la corporación, vuelve a correr el riesgo de caer en la misma situación que le llevó al escenario de hace diez años. El actual gobierno local tiene fuera una oposición tan fuerte como en los escaños del propio plenario. Al PSOE y a su coaligado le faltan más y mejores aliados.
Cuando se están acercando al ecuador del mandato, los socialistas llevan acumuladas un buen número de tarjetas de amonestación desde una sociedad civil muy activa ante las decisiones que han ido adoptando. No hace falta recordar aquí todos los frentes que fueron surgiendo por actuaciones emanadas desde el edificio consistorial en distintos puntos de la ciudad, aunque sí referirnos al más reciente que, pese a no tener origen en el despacho municipal, se suma al conjunto de conflictos que llegan al Ayuntamiento: La protesta de los vecinos de Granda contra la instalación de una ITV en la parroquia.
Los residentes en este privilegiado entorno rural llevan semanas manifestándose por el proyecto para abrir una estación de la Inspección Técnica de Vehículos en la nave situada cerca del matadero, adquirida por la empresa pública a la Cooperativa de Agricultores. Los parroquianos han puesto el grito en el cielo por los trastornos que advierten provocará un servicio de estas características. Aumento del tráfico de vehículos, ruido y contaminación en un lugar hasta hoy verde y tranquilo.
La legítima preocupación vecinal recibió el inmediato abrazo de los grupos políticos de la oposición, encargados de llevar la protesta a las instituciones, incluido el Parlamento de la comunidad autónoma. Estos partidos, junto al malestar vecinal, sembraron sospechas sobre la naturaleza de la operación por la vinculación laboral del exportavoz municipal del PSOE gijonés con la firma que vendió el suelo a ITVASA. El líder regional de Podemos habló de ‘pelotazo’, una declaración rociada de combustible absolutamente irresponsable para un representante público si a sabiendas de que existe no lo lleva a los tribunales.
Es evidente que la empresa pública susodicha tiene que reforzar sus servicios de inspección en Gijón ante la insoportable congestión que registran las instalaciones de Tremañes. El centro del camino del Melón, después de la última ampliación, ya no tiene por dónde crecer y la apertura de una nueva estación en la mayor aglomeración urbana de Asturias es asunto prioritario.
La promotora podría haber elegido un espacio en cualquiera de los polígonos industriales con parcelas vacías para su nuevo emplazamiento, pero su ubicación en Granda parece cumplir a priori con el uso establecido en el plan urbanístico para el suelo ocupado por su anterior propietario, que estaba destinado a industria cárnica.
La solución queda en manos de lo que determine el Ayuntamiento a la hora de conceder o no la licencia. El gobierno local tiene que resolver el expediente atendiendo al movimiento vecinal exigiendo medidas que eviten el impacto que se puede producir en la zona, tal como los lugareños denuncian. La principal son los accesos. ITVASA, en este caso, debería de corregir el proyecto de adecuación que propone con una urbanización más ambiciosa que la que ha planteado. Es responsabilidad del consistorio y de la empresa pública ejercitar desde el primer minuto el diálogo si de verdad entienden que se trata de un servicio de interés general. No cabe una implantación a las bravas ni tampoco dejar que el problema se enquiste dejando pasar el tiempo.