Los sindicatos salieron del letargo pandémico para denunciar el estado de «emergencia industrial» de Asturias con caravanas de coches desde Gijón, Avilés y Olloniego hasta Oviedo. Los líderes de las centrales avisan de que es la primera protesta de un programa de movilizaciones para frenar la desindustrialización y reclamar medidas en favor de la competitividad del sector. El tortazo propinado por el Gobierno con la aprobación del estatuto eléctrico, desoyendo todos los argumentos de Asturias contra una norma insuficiente y discriminatoria, puso de manifiesto, una vez más, la debilidad en la que esta comunidad se encuentra ante el ‘pasteleo’ permanente del Ejecutivo central y otras autonomías.
Los agentes sociales, incluida la patronal, atribuyen el desamparo a la «falta de peso político» en el corazón de las decisiones en Madrid. Una carencia, en todo caso, que no es solo de ahora. Ni se tiene en el partido que gobierna, ni lo hay en la oposición. El peso político se puede medir de dos maneras: en el tablero parlamentario, donde únicamente valemos lo que realmente representamos en el mapa social y económico, el dos por ciento famoso. Y en el de la influencia sobre las personas que ejercen la acción de gobierno, que aún suponiendo que la tienen, están lejos de ejercerla.
Así que nos queda el pataleo, como quienes ayer lo hicieron con las columnas «salvemos Asturias», para arropar incluso a quienes deben bregar en los despachos gubernamentales con el fin de evitar que el castillo de la economía regional se siga desmoronando. Y sobre todo también para reforzarnos al objeto de impedir un tratamiento de tercera en los repartos que están por llegar. Aunque el presidente regional no sea amigo de banderas, aquí existe una razón justificada para enarbolar.
Los manifestantes denuncian la ausencia de una política industrial que proteja e impulse la actividad y que esa carencia está reflejada en los cierres de las térmicas o en el estatuto aprobado, que no atiende a la siderurgia como gran consumidora de electricidad. Sin embargo, sí que el Gobierno tiene una política trazada, aunque no bajo el auspicio del desastroso ministerio que lleva tal denominación, protagonizando operaciones esperpénticas como la de Alcoa. La estrategia viene determinada por el departamento que dirige una de las tres vicepresidentas, Transición Ecológica, que está marcando el rumbo de la actividad en este país. Como la energía todo lo mueve, en ella basa la transformación entera del sector, sean cuales sean los sacrificios que se tengan que acometer. Lo estamos sufriendo en la región, donde hasta el momento no hubo más que destrucción.
En la antesala de la protesta se produjo el rescate estatal de Duro Felguera, intervención esperada, merecedora de reconocimiento, que abre un camino a la esperanza para una compañía centenaria al borde de la muerte. Una luz entre sombras pendientes de aclarar. También hubo algún avance, como la aprobación en el Parlamento Europeo de la tasa medioambiental a la importación de acero o la dedicación de ayudas comunitarias para compensar los costes del C02, pero el tiempo pasa y el desgaste se agranda entre el dicho y el hecho, mientras en otros lugares del entorno corren y vuelan.
Pasa con los fondos de la UE, sobre los que gira la estrategia mencionada y donde nos jugamos el cocido. Hace unos días, Pedro Sánchez relataba con orgullo que la fábrica de baterías para el coche eléctrico en Cataluña constituía el primer proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Una fábrica, por cierto, a la que aspiraba Asturias al igual que medio país. Subrayaba el presidente el compromiso absoluto con la industria, especialmente de la automoción, junto a toda su cadena de valor, como actividad estratégica nacional. Se supone que Arcelor, la mayor empresa empleadora de la región, forma parte de esa cadena como abastecedor principal. Por lo tanto, sería coherente que gozara de preferencia en la captación de recursos para un tránsito rápido hacia la producción verde, descarbonizada y circular.
Sánchez lleva desde noviembre de gira por las comunidades autónomas para presentarles el plan que tiene para aprovechar la riada de dinero que España recibirá de Europa. De su criba dependen los cientos de proyectos presentados para su financiación con los fondos. Ha pasado ya por todas las regiones gobernadas por su partido, salvo las islas y Asturias. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma acaba yendo a la montaña.