Quienes llevan las riendas del noble edificio de la Plaza Mayor entran en fase de alto voltaje. La etapa que se abre con la pospandemia en la recta final del mandato promete ser estresante para el gobierno de coalición PSOE-IU, un equipo de once concejales más uno que manda tanto como diez juntos, y para las fuerzas de la oposición. El juego que se abre en la acción política local determinará la composición del futuro tablero de partidos en la Corporación. La disputa promete ser encarnizada, no solo entre los dos polos de izquierdas y derechas, sino también entre las marcas que conforman cada uno de los bloques en tanto que los augurios apuntan a un reparto totalmente distinto al plenario que ahora conocemos.
Los designios de esta ciudad dependen de esa batalla en ciernes que llega en el peor de los momentos. Afrontamos un periodo en que se necesita remar más para consolidar la salida de la virulenta crisis con una recuperación económica y social rápida y duradera. Sin embargo, no hay remeros suficientes para emprender un mismo rumbo y llevar, todos juntos, la embarcación a buen puerto. Sigue faltando mayor capacidad de diálogo y mayor voluntad de consenso. Lo que se ha orillado hasta hoy, difícilmente se podrá ejercitar mañana. En el intento está el reto.
La tarea que el gobierno municipal tiene por delante en escaso año y medio que queda hasta la nueva convocatoria electoral pondrá a prueba su habilidad para acertar en la gestión y para alcanzar acuerdos hasta ahora prácticamente inexistentes. Ambos empeños son necesarios si queremos que la ciudad avance. El aprovechamiento máximo de los fondos europeos es una oportunidad hace poco tiempo impensable que no se puede dejar escapar por ineptitud. Habrá que hacer posible lo que parece imposible para sacar el mayor rédito al manantial de dinero que podemos llegar a disponer al objeto de realizar unos proyectos que, de otra manera, tendrían pocas opciones de prosperar por la escasez de recursos.
Por otro lado, la alcaldesa y el socio que le acompaña deberán volcar toda su energía en darle solución a los compromisos que fueron adquiriendo en su primera parte de mandato, desde los planes de reforma de los barrios, la contaminación de la zona oeste y la regeneración del Piles, hasta la remodelación de la fachada marítima en Fomento-Poniente y del paseo del Muro, actuaciones todas ellas donde los frentes siguen abiertos.
Lo mismo sucede con el plan de vías. Mañana, la autoridad local tiene previsto presentar a los grupos políticos municipales la propuesta de convenio que modifica el emplazamiento de la estación intermodal en sustitución del documento aprobado en 2019. Sería inadmisible que el proceso que se abre para volver a cambiar la actuación ferroviaria se alargara con discusiones y acusaciones estériles en búsqueda de culpables ante el lamentable retraso del plan. Supondría una nueva burla a los ciudadanos. Proyecto, plazos y presupuesto sin más dilación. Esa es la responsabilidad de las tres administraciones que nos gobiernan, pero también de todos los partidos políticos que mantengan el convencimiento de que Gijón merece una estación de trenes y autobuses digna y de que el metrotrén siga siendo una infraestructura prioritaria.
Y en medio de todo ese escenario, los grupos de la Corporación afrontan la negociación del presupuesto de 2022, después de la prórroga voluntaria de las cuentas decretada por la alcaldesa y su equipo para este ejercicio pandémico. El borrador de las ordenanzas fiscales abre la espita del debate con una propuesta nada sorprendente. La aplicación del mal llamado ‘IBI para ricos’, con un tipo suavizado para amortiguar el daño a las empresas gravadas, y la subida de la basura, los autobuses y la ORA son medidas justificadas por sus autores en la búsqueda del equilibrio de las finanzas municipales, aunque a todas luces impopulares. La reacción de la oposición, de la federación vecinal y de las asociaciones empresariales rechazando el proyecto, en ese sentido, está absolutamente motivada. Y ello pese a que el plan, en su conjunto, resulta moderado frente a quienes esperaban un subidón en toda regla de la tributación local por la imperiosa necesidad de recaudación que padecen todas las administraciones sin excepción. Ahora bien, está por ver si, además de la ordenanza, quienes gestionan la casa consistorial presentan igualmente algún programa de racionalización del gasto y de mejora del funcionamiento de la administración, para que cuando tengamos que dirigirnos a cualquier ventanilla, presencial o telemática, no tengamos que acabar diciendo aquello de «¡Oiga, que yo pago mis impuestos!» ¿O no?