El paso al frente del PP ante el nuevo plan de vías, saliéndose de la alineación del centroderecha, supone un cambio radical de estrategia del partido que puede entrañar un riesgo ante la reacción del propio electorado, pero que encierra también una dosis de sentido común para una formación que aspira a recuperar la hegemonía perdida en la representación política gijonesa.
La oferta popular al gobierno local para apoyar con sus votos la modificación del convenio consensuado hace tres años y desbloquear la actuación ferroviaria, previo diálogo y pacto, rompe con la extrema polarización en la que ha caído el Ayuntamiento. No están los tiempos para mantener la guerra entre bandos y menos cuando se trata de sacar adelante la mayor inversión pública de la historia en esta ciudad. Negociación y acuerdo es lo mínimo exigible a quienes tienen el encargo de representar a los gijoneses en la Casa Consistorial. Sin embargo, ni unos ni otros mantuvieron esfuerzos para salirse de la raya trazada. El gobierno PSOE-IU ejerciendo sin contemplaciones el mando en plaza. Y la oposición denunciando la intransigencia sin excesivo afán por abrir espacios para evitarla.
En realidad, el PP propone favorecer ese encuentro, sentándose a la mesa para discutir un documento que echa por tierra el consenso de 2019 sobre el plan de vías. Una posición arriesgada, desde luego, pero valiente teniendo en cuenta las significativas carencias que presenta el borrador. Los votos populares, pese a la espantada del exportavoz destronado, serían suficientes para la aprobación de la propuesta y por ello la alcaldesa saludó el gesto, pero con ello no resuelve la mayoría que una operación de estas características requeriría tener en el pleno. Los antecedentes marcan el listón. Hay que recordar que el convenio que ahora se intenta sustituir llevaba el respaldo de toda la corporación, incluido el socialista. No parece que en esta ocasión vaya a ser así cuando ya hay grupos que se autoexcluyen de la discusión.
El cambio de actitud del PP, por otro lado, cobra relevancia en relación con el devenir de una infraestructura de interés general para Gijón que va camino de cumplir dos décadas de paralizaciones. Si la oferta es sincera y las dos partes actúan con buena voluntad, se favorece una resolución rápida del convenio, antes de que finalice el año, para impulsar el proyecto con la dotación presupuestaria necesaria que permita su desbloqueo. Contribuye a presionar al resto de administraciones, autonómica y central, en la celeridad en cuanto que legitima también al principal grupo de la oposición para ejercer la labor de control sobre el cumplimiento de un proyecto en el que están implicados. Y lo más importante, blinda el plan de vías y la puesta en marcha del metrotrén ante posibles cambios de gobierno en cualquiera de los tres ámbitos institucionales.
Ahora bien, quedan muchas incógnitas por despejar que el borrador presentado por el equipo de gobierno local no resuelve. Además del resultado urbanístico de toda la zona afectada, entre El Humedal y La Calzada, que queda pendiente de plasmar, y de condicionar el emplazamiento definitivo de la estación intermodal al estudio informativo cuya tramitación ministerial ya se está alargando en exceso, faltan por definir dos partes sustanciales de esta santa trinidad: los plazos y la financiación. Sobre la financiación se parte de un dato positivo si los cálculos están bien hechos como es el abaratamiento de la actuación en más de 60 millones de euros. Un ahorro que sobre todo beneficia al gestor público de infraestructuras ferroviarias, Adif, que paga solito más de la mitad de los 751 millones que cuesta la operación completa desde El Natahoyo hasta Cabueñes. El resto, 325 millones, son sufragados en un 50% por la Administración central y en un 25% cada uno por el Principado y el Ayuntamiento y es esta partida para la que hay que buscar dinero. El objetivo es que el Banco Europeo de Inversiones se comprometa con la iniciativa mediante un préstamo en mejores condiciones que las que se pueden encontrar en el mercado financiero, aunque como es lógico quiere que la viabilidad quede demostrada. Por otro lado, no solo se debería de acudir al BEI. Supongo que entre los programas de los fondos de la UE alguna casilla habrá donde se pueda encajar la inversión más cuantiosa que en materia de movilidad se prevé en Asturias. Para ello hay que llegar a tiempo. La ventanilla está abierta hasta 2023. Sobre los plazos, de momento, si nos atenemos al cronograma que hace un año ofreció la alcaldesa, estamos todavía en la fase cero.