Lo más grave de la anulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es la impunidad con la que han venido actuando las administraciones locales, en connivencia con la estatal, a sabiendas de que su legalidad estaba cuestionada. Es cierto que no todos los ayuntamientos, pero sí la inmensa mayoría. En el caso de Gijón, a principios de 2020 el gobierno municipal anunció que suspendía el pago del impuesto cuando en la transacción del inmueble no se producía una ganancia patrimonial, después de que el Consistorio recibiera varapalos en los juzgados de lo contencioso por los cobros confiscatorios. No obstante, el contribuyente tenía que demostrar ante la hacienda local que no había plusvalías para librarse de una carga fiscal, cuya inconstitucionalidad empezaba a estar suficientemente probada.
Lo más grave, insisto, es que los municipios, que ahora se rasgan las vestiduras, y el Gobierno central, máximo responsable de tamaña usurpación, ya estaban sobreavisados desde hace casi diez años, cuando empezaron a llover recursos de los afectados denunciando el método injusto de cálculo que se aplicaba para la liquidación. Fue en febrero de 2017 cuando el Alto Tribunal habló por primera vez sobre el impuesto. El Constitucional, entonces, dijo textualmente lo siguiente: «En ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial». Es decir, lo que estaban haciendo era absolutamente ilegal. La sentencia del pasado lunes es la tercera y definitiva. El impuesto, tal como fue concebido, se va por el sumidero.
El órgano judicial cierra la puerta a que se produzca una avalancha de reclamaciones como temían los ayuntamientos, pues es lógico que el que en su día decidió pagar de manera religiosa sienta ahora más que nunca que le hayan robado. Solo podrán exigir la devolución quienes estén inmersos en un contencioso, aunque no está todavía claro hasta dónde puede llegar el proceso. Lo indudable es que la decisión de la judicatura genera un agujero en las finanzas municipales de consecuencias impredecibles que solo tiene una solución: el auxilio inmediato de ‘papá estado’, que fue el autor de una norma incautadora. El Ministerio de Hacienda dice que prepara un borrador para cambiar el impuesto, convertido en la mayor fuente de recaudación de las entidades locales, después del IBI y la viñeta. ¿Un borrador tras una década viendo lo que se avecinaba? Semejante dejación tendrá un elevado precio, que al final lo pagaremos todos los ciudadanos.
Las corporaciones reclaman una compensación al Gobierno por los ingresos que dejarán de percibir con la anulación del tributo mientras se tramita su sustitución. La compensación debería ser incuestionable, pero también lo es la imperiosa necesidad de reformar la financiación municipal porque el modelo ha saltado por los aires con la sentencia del TC. Urge una modificación a fondo para adaptar el sistema a las funciones que el resto de administraciones fueron colando a los ayuntamientos. Lo que en el argot político-administrativo llaman ‘competencias impropias’, a las que los municipios tienen que dedicar recursos con ayudas que llegan tarde, mal o nunca.
De momento, la consecuencia más inmediata, es que el proyecto presupuestario presentado hace apenas quince días por el gobierno local para el próximo año tiene que ir a la papelera. La supresión del impuesto de las plusvalías echa por tierra una previsión de ingresos por el Ayuntamiento de doce millones de euros.
Mientras el Ministerio no aclare si resarcirá el daño en las finanzas locales, la casilla queda en blanco. La cantidad supone más de la mitad del dinero que maneja la Fundación de Servicios Sociales o de las inversiones totales que se recogían en el avance presupuestario. A esta circunstancia se añade el acuerdo sobre las ordenanzas fiscales con Ciudadanos, que entierra definitivamente la instauración del ‘IBI para ricos’ en Gijón y el correspondiente aumento de recaudación por esa vía, que había sido cifrado en casi medio millón de euros. El boceto, por lo tanto, deberá ser sometido a un repaso de arriba a abajo. Una revisión que exigirá un recorte en el gasto, que era por donde crecía, ya que sería una aberración que el ajuste se produjera en el capítulo inversor si con las cuentas se pretende sacar la ciudad de la parálisis.