A estas alturas de la película llevaban razón aquellos que advertían de la insensatez que suponía la carrera emprendida para alzarse con el liderazgo de la reconversión energética a nivel mundial y convertirnos en los campeones de la UE de la descarbonización con el súbito desmantelamiento de las centrales térmicas. Las tensiones sufridas por el mercado de la electricidad con un alza de precios sin parangón ha puesto al descubierto los desatinos de la transición que preconiza el Gobierno con unas consecuencias que amenazan con dañar seriamente la estructura industrial de este país. Una transición que ni resulta justa ni está siendo acompasada para garantizar el equilibrio de un sistema que debería de aportar estabilidad y certidumbre a los consumidores, sean empresas o domésticos, cuando lo que está provocando es inseguridad y asfixia. Aunque el problema de la insoportable escalada del coste de la electricidad sea de corte europeo, en nuestro caso se agudiza por el conjunto de penalizaciones que se han venido aplicando a las ‘plantas no renovables’ para acelerar su desaparición, mientras en el resto de países socios, con los que hay que competir, las fueron preservando como parte sustancial de la dieta energética.
La mejor expresión de la equivocación es lo ocurrido en estos últimos meses por el subidón del precio de la luz. Los grupos térmicos de EdP en Soto de Ribera y Aboño volvieron a tener un papel destacado en la producción de electricidad en Asturias hasta el punto de convertir de nuevo el carbón en la mayor fuente de energía generada en la región. Según el balance oficial de Red Eléctrica, las centrales que quedan tras la clausura de Lada y Soto de la Barca, incluyendo la planta de Hunosa en La Pereda, produjeron ellas solas más megawatios que todas las renovables instaladas juntas. Si a ellas sumamos los grupos de ciclo combinado de la compañía portuguesa, la obtención de energía por la vía no renovable duplicó a la conseguida con los parques eólicos, las plantas hidráulicas o los paneles solares. Ni con todo el despliegue previsto de aereogeneradores por las montañas asturianas o el Cantábrico y de placas fotovoltaicas en los valles se conseguiría igualar la producción de estas centrales que están llamadas al desmantelamiento en un plazo de cuatro años.
No se trata de reivindicar el papel del carbón como reserva estratégica para completar el ‘mix’ de la energía y mucho menos de plantear la reapertura de minas. Sería una discusión trasnochada. Pero sí de abrir una reflexión sobre los plazos gubernamentales de la descarbonización para evitar los desequilibrios de un sistema, sometido ahora a un estrés ingente que pone contra las cuerdas la actividad industrial y supone un lastre para la reactivación de la economía.
La Comisión Europea, en su propuesta de taxonomía verde, quiere colocar la etiqueta ecológicamente sostenible a las plantas nucleares y de gas natural para favorecer las inversiones en esta dos fuentes durante el proceso de transformación energética. El Ejecutivo comunitario permitiría nuevas instalaciones hasta el 2045, en el primer caso, y hasta 2035 en los ciclos combinados, pero la catalogación que equipara una central atómica o de gas con un parque eólico es radicalmente rechazado por el Ministerio de Teresa Ribera, que defiende, como alternativa, una calificación intermedia sin igualarla a las renovables puras que generan ‘cero’ residuos. La idea de la UE es un golpe al modelo de transición defendido por el gabinete de Sánchez. Responde a las presiones de Francia o Alemania, donde ambas tecnologías tienen un peso relevante en el mix y quieren impedir la pérdida de atractivo en los flujos de capitales. De salir adelante esta nomenclatura, se daría la paradoja de que más del 90% de la energía producida en el país tendría la vitola verde. Un distintivo indudablemente cosmético, pero que una vez abierto el debate debería de servir para revisar el calendario de la transición en España. El Gobierno, sin cejar en la exigencia de un cambio urgente del mercado mayorista de la electricidad para atajar su encarecimiento, tendría que flexibilizar los plazos del alocado proceso en el que estamos inmersos.
En el caso de Asturias posiblemente hasta nos podría llegar a beneficiar semejante consideración en lo que respecta a la parte gasística. Aunque tengamos el ojo puesto en el valle del hidrógeno, con la reconversión de Arcelor como principal protagonista, que el uso del gas siga teniendo respaldo permite afrontar con mayor seguridad la transformación. En el camino hacia la ‘era H’ posiblemente tengamos que transitar por otro periodo, el de aquel hidrocarburo, donde la regasificadora de El Musel definitivamente tenga un relevante papel. No todo lo que viene de Europa debe verse como una atrocidad.