El inicio de la invasión rusa, desde aquella madrugada del 24 de febrero ya han transcurrido veinticinco días, señalábamos que nos estábamos adentrando en tiempos de protección en tres frentes distintos como consecuencia del conflicto bélico: el auxilio a los desplazados huyendo de las bombas, la defensa territorial y de la paz en Europa y la salvaguarda de la economía, de las empresas y de las personas. En los tres nos encontramos ahora inmersos de lleno con la peculiaridad de que los tres están sumamente interrelacionados, ninguno nos es ajeno, los tres nos tocan muy de cerca y el devenir de cualquiera de ellos determinará el desenlace final del dramático episodio que estamos viviendo.
La convulsión económica derivada de la guerra está poniendo contra las cuerdas el estado de bienestar. Un estado que se consiguió proteger del vapuleo de la gran recesión y de la pandemia con ingentes recursos públicos y que ahora vuelve a necesitar el mayor de los amparos posibles para evitar que lo que tanto hemos dedicado para mantenerlo en pie no acabe desmoronándose.
Hay que recordar a quienes lo cuestionan que el proceso inflacionista comenzó a enraizar antes incluso del escenario prebélico sin que se hiciera nada por evitarlo. Desde que el precio del gas inició su ascenso justo en marzo del año pasado no se adoptaron medidas preventivas que contribuyeran a frenarlo.
Por lo tanto, el malestar creciente por la escalada de los precios es totalmente comprensible. Afecta a toda la sociedad e incumbe a todas las administraciones públicas. No resulta extraño que la carestía de la vida con el disparatado coste de la energía como germen esté desembocando en un estallido de la conflictividad que recuerda a los peores años de las reconversiones en Asturias. Los camioneros abrieron esta semana la espita con una huelga que agrava el deterioro de la actividad económica. El paro del transporte ha actuado como aditivo del daño provocado por la subida de los combustibles y, al mismo tiempo, acelerante de una radicalización de la indignación ante la espiral inflacionista. Es necesario llamar a la responsabilidad para que las acciones de protesta, legítimas por otro lado, no sigan provocando un empeoramiento de la situación. Una llamada extensible a todas las partes y especialmente a la Administración, que es la que tiene mayor capacidad para salvar a la ciudadanía de la asfixia generada por la inflación.
El Gobierno anunció que a finales de mes aprobará un plan para bajar los impuestos que recaen sobre los hidrocarburos, desvincular el gas del sistema de fijación de precios de la electricidad y establecer un tope máximo de la tarifa de la luz, con o sin el permiso de la UE. Además, tiene pendiente de articular el nuevo mecanismo de ERTE ante la avalancha de regulaciones que se están planteando por la contracción de la actividad.
Ya que las medidas están tardando excesivamente en llegar, se espera que su aplicación tenga un rápido impacto en los destinatarios y que se prolonguen el tiempo que sea imprescindible hasta recuperar plenamente la estabilidad. El reto es lograr que la distribución de los costes de la crisis sea justa en tanto que la transición energética que hasta ahora se ha venido planteando no lo ha sido. Hay que impedir que lo que se presenta como una situación coyuntural acabe convirtiéndose en un problema estructural de grandes dimensiones.
Patronal, cámaras de Comercio y sindicatos han reclamado al Principado acciones extraordinarias para paliar los efectos de la ‘economía de guerra’ en Asturias. El Ejecutivo asturiano tendría que elaborar un plan especial complementario a las medidas del Gobierno central para proteger a negocios y personas, como hizo durante la covid. El hándicap es fijar ese carácter extraordinario aludido por los agentes sociales en cuanto a los recursos que se puedan destinar y a su temporalidad.
Lo mismo sucede con el Ayuntamiento de Gijón, donde por su cercanía debería estar ya pensando en cómo afrontar las consecuencias del mayor impuesto sobre los pobres, como es el insoportable crecimiento del IPC, en la población más vulnerable.
En algún municipio cercano anunciaron ayudas directas a los sectores económicos, pero quizás se haya que centrar en este caso más en impedir la ruina de las familias, la desesperación por no llegar a fin de mes y el riesgo de caer en las colas del hambre. El Consistorio cerró el ejercicio pasado con un remanente de más de ocho millones de euros en servicios sociales, que la fundación correspondiente de manera inexplicable dejó sin ejecutar. Por lo tanto, dinero hay para atender una situación de emergencia social cuyo alcance aún desconocemos.