El Plan de Movilidad Sostenible de Gijón 2021-2030 presentado por la Concejalía de Aurelio Martín da lugar a tres apreciaciones que tienen que ver con el momento en que se da a conocer el documento, el cambio que supone las medidas que en él se recogen y los condicionamientos para llevarlo a cabo si no consigue un amplio respaldo político y social.
El plan ve la luz con tardanza, cuando quedan poco más de doce meses para la finalización del mandato, precedido por el compendio de actuaciones que se fueron acometiendo por el equipo mandatario en estos tres años de gobierno municipal de manera alocada, con el cabreo generalizado de los ciudadanos. Una contestación que ha quedado legitimada en la sentencia del juzgado de lo contencioso sobre el cierre del Muro, que obliga al Ayuntamiento a restituir el tráfico como estaba antes de la pandemia, desbaratando el tacticismo empleado por los regidores consistoriales para imponer un modelo de ciudad saltándose la normativa jurídica y las reglas esenciales del juego político. Alargar la batalla en los tribunales manteniendo la provisionalidad indefinida es un error. Lo más sensato ante la bofetada judicial sería pactar con la mayor rapidez una reforma del paseo con unos usos que satisfagan a la inmensa mayoría política y social, de tal manera que el diseño y la obra no corra luego el riesgo de quedar al albur de quien mande.
A esa transitoriedad eterna impuesta con arbitrariedad, extendida mediante la decoración a otras arterias, se suma desde el viernes la expulsión de la zona azul de miles de usuarios sin otra alternativa que pagar más por aparcar en algún subterráneo, dejar el coche tirado por los barrios o renovar el vehículo aquel que pueda hacerlo. Pues bien, el plan intenta poner orden a una lamentable ausencia de planificación, pero por muchas bondades que en él se puedan ver, la manera en la que se ha cultivado el terreno en todo este tiempo hace muy difícil de mano su aceptación. La labor de apostalado va a tener que ser ingente porque el plan, en definitiva, nace tocado.
Su desarrollo, si finalmente se llevara a cabo, supondría la mayor transformación de Gijón desde que en los noventa se acometieran las grandes cirugías urbanísticas de El Llano, Poniente o El Arbeyal. No se trata solo de acabar con el imperio del automóvil en el casco urbano. La propuesta va mucho más allá en tanto que persigue una modificación de los hábitos mediante un cambio notable de toda la fisionomía urbana. Dada que esa transformación es mayúscula resulta cuanto menos extraño que un proyecto de estas características, el más relevante de cuantos se anunciaron por el Ayuntamiento desde que el PSOE volviera a tomar las riendas municipales en 2019, fuera presentado en solitario por el equipo comandado por el concejal coaligado. Se supone que no será por falta de convencimiento.
El documento recoge medio centenar de medidas que llevan a una modificación profunda del uso del espacio público gijonés. Destacamos algunas: la creación de zonas de bajas emisiones en Cimavilla, La Calzada y el centro; las ecomanzanas en La Arena y El Llano, las áreas de prioridad residencial en Moreda, el Polígono y Viesques; la ampliación general de las aceras, el establecimiento de 20 kilómetros de itinerarios peatonales, la extensión en 31,5 kilómetros de la red para ciclistas; las reordenaciones viarias de las principales calles y los dobles sentidos en las avenidas; la ampliación de la ORA hasta los barrios, la reducción de las velocidades hasta 20 por hora, la supresión de 1.430 estacionamientos en el corazón de la urbe, la construcción de parkings subterráneos de pago con 3.715 plazas, la implantación de aparcamientos disuasorios para 3.475 vehículos, la instalación del intercambiador del transporte público en El Humedal y los caminos seguros en los colegios públicos. La ciudad será más verde y saludable para los vecinos y atractiva para el visitante, aunque circular por Gijón puede resultar más lento, caro y discriminatorio si el puzzle no queda bien armado. Hay que tenerlo muy claro.
El plan, desde luego, es ambicioso, pero debe ser realizable. Teniendo en cuenta que abarca más de dos mandatos solo será posible llevarlo adelante en su integridad si el documento final es producto del consenso entre todas las fuerzas políticas, de izquierda y derecha, y la participación del movimiento vecinal y de los agentes sociales. A partir de ahora se abre un periodo de debate y acuerdo, en el que no debería caber la intransigencia ni la cerrazón. Tiene que ser producto del sentido común y de la razón. Sin fanatismos. Al final se trata de definir lo mejor para la ciudad en la que queremos seguir viviendo.