Los cambios se producen de manera tan virulenta y vertiginosa que ya no somos capaces de pronosticar hoy lo que sucederá mañana. Por la noche nos acostamos con una previsión o una idea en la cabeza y al día siguiente nos encontramos con una nueva circunstancia que lo altera. La política se ha convertido en un acto imprevisible. El acontecer de sus acciones se ha vuelto inesperado como ha sucedido ahora con el ‘affaire’ del Sáhara.
El Gobierno de Pedro Sánchez, con nocturnidad y alevosía, decidió apuntillar el compromiso de España con aquel pueblo desde hace medio siglo poniendo definitivamente su destino en manos de Marruecos. El presidente rompe el sello con los saharauis saltándose su programa electoral, la posición de las bases del partido, las resoluciones de la ONU y al propio Parlamento. El sorprendente giro protagonizado por el líder socialista tiene como argumentario el intento de recuperar una relación de confianza con el reino alauí y la protección de la integridad territorial. Esa es la parte oficial de la explicación. Existen otras versiones que atienden a intereses distintos directamente vinculados al nuevo orden geopolítico y económico que se está formando a partir de la invasión de Ucrania.
Sea cual sea la razón estratégica y la influencia norteamericana que tenga, la decisión ha provocado una quiebra con el socio del Ejecutivo y los aliados parlamentarios que lo sustentan. Hasta dónde puede llegar la desconfianza generada se desconoce. En el seno del Consejo de Ministros se reconoció en estos días de máxima tensión que los procesos de hiperinflación son auténticos devoradores de gobiernos. La soledad dificulta aún más la capacidad de supervivencia.
La plataforma asturiana de apoyo al pueblo saharaui, una de las asociaciones más activas del país por el derecho a la autodeterminación, tiene previsto presentar en todos los ayuntamientos y en la Junta General resoluciones de condena por el cambio de rumbo en la política española sobre el Sáhara Occidental. A ver cuál es el retrato de Gijón. De qué forma los socialistas locales tragan la deriva estatal sobre la causa de la excolonia, aunque no tendrá tanta trascendencia como para generar una crisis en el gobierno consistorial.
En este país no hay dirigente del PSOE que mime más la relación con la izquierda ortodoxa en el poder institucional que la alcaldesa de la ciudad. Haciendo un balance de estos tres años de mandato, pocas cosas encontramos entre las decisiones de relevancia que no tuvieran significado para el ala a la siniestra del partido.
La retirada del nombre de la avenida al rey emérito, los proyectos de memoria histórica, la reciente defensa del hermanamiento con Novorossiysk o la supresión de los toros en Gijón, ya definitiva en lo que resta hasta las elecciones por el supuesto estado de la plaza, forman parte de la galería ideológica de la tarea municipal. Claro que hubo choques con la representación de Podemos, véase por ejemplo la renta social, pero el resultado hasta ahora, la visión general, es que estamos ante el gobierno consistorial más dogmático en trasladar su doctrina a la gestión de cuantos hemos tenido en esta ciudad.
La mayor expresión de ello, sin duda alguna, se ha dado también en la cartera del medio ambiente y de la movilidad. Prácticamente toda la transformación a la que se enfrenta Gijón está directamente relacionada con esa competencia. Hay pocos asuntos en la agenda de la realidad política local en los que no esté presente alguno de los aspectos a los que se refieren esas dos ramas de la acción pública. Dijimos en este mismo espacio que marzo era posiblemente el mes más ‘aureliano’ de cuantos hemos tenido desde que PSOE e IU sellaran el pacto de coalición para gobernar juntos la villa, con once más uno en el edificio de la plaza Mayor.
El concejal coaligado, astuto e incansable, después de dejar claramente su huella en las directrices para la futura remodelación del Muro, presentó el proyecto de regeneración del Piles atendiendo a la hoja de ruta que había prefijado, sin otra alternativa para el piragüismo que la que dicte la marea. Esta semana elevará a los altares el esperado plan de movilidad, cuyo avance fue suficientemente ensayado durante el periodo pandémico. Un plan que prevé cambiar en cinco años los hábitos de los gijoneses en su forma de desplazarse y de vivir la ciudad con el coche como última opción.
Veremos de qué manera el partido mayoritario de gobierno digiere la contestación o capitaliza el acierto de esta revolución verde en marcha, ahora que está encerrado en un debate interno sobre cómo llegar mejor al exterior.