Hay quien podría recurrir al refranero español para explicar con el popular dicho ‘a perro flaco todo son pulgas’ la parálisis sobrevenida sufrida por el Ayuntamiento como consecuencia del ataque al sistema informático en la madrugada del pasado martes. Pero la calamidad del ‘hackeo’ ha sido de una gravedad de tal calibre que sería una simpleza resolver con la ingeniosa sentencia las causas de un golpe como el propinado a la casa de todos los gijoneses del que nadie, además, está libre.
El Consistorio ha sido víctima de una situación alertada a finales de enero por el Centro Criptológico Nacional sobre el incremento de los ciberataques en España contra el sector público y las empresas estratégicas coincidiendo con el conflicto bélico en Europa. Lo más probable es que no tenga que ver con ningún parte de guerra, pero las consecuencias son siempre las mismas sea cual sea su autoría. Se trata de unas acciones que buscan generar inestabilidad, provocan pérdidas millonarias, alteran los servicios esenciales para los ciudadanos y sustraen datos para multiplicar los daños aprovechando la vulnerabilidad de los afectados. Los ciberataques, por desgracia, se han convertido en una realidad que también hay que gestionar con planes para prevenir los riesgos y para combatirlos cuando se producen. En este caso se da la casualidad de que coincide con la recta final de un proceso abierto de licitación precisamente para mejorar la protección de toda la red informática municipal.
El alcance de lo ocurrido en Gijón aún está pendiente de aclarar. Ahora bien, la respuesta de la Administración y la implicación de los empleados para mantener un mínimo de actividad en una situación de crisis que altera las formas de trabajar está siendo encomiable. A partir de ahí, hay que tener paciencia porque es posible que vayamos a tardar tiempo en recuperar la normalidad en el funcionamiento de la atención municipal por la labor de reconstrucción ante los destrozos provocados por los piratas digitales. Paciencia y confiar en que la investigación para dar con los cuatreros o terroristas cibernéticos, como queramos llamarles, se cierre de la manera que se merecen: detenidos, juzgados y en la cárcel.
A propósito de la Justicia, una vez más ha vuelto a sacar los colores a los gobernantes por la arrogancia empleada en sus decisiones. La sentencia del Tribunal Supremo anulando la integración de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón en la de Oviedo es otra muestra del desprecio de quienes dirigen las instituciones políticas a las normas vigentes para el funcionamiento correcto de la Administración. Este último fallo judicial viene a ser similar al emitido en relación con el cierre del paseo del Muro. En ambos casos, los gobiernos actuantes se saltaron a la torera la legalidad con la excusa de interesadas interpretaciones para arrollar con sus determinaciones.
La alcaldesa de la ciudad, Ana González, y la delegada del Gobierno, Delia Losa, han dado la cara por el Ministerio de Interior para volver a defender la unificación de los puestos de mando y de las unidades operativas de la Benemérita ante el varapalo recibido por la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo. El alto tribunal considera que la fusión aprobada por el Ejecutivo central omitió la consulta con el Consejo de la Guardia Civil y vulneró la ley de 1997 que reconocía la excepcionalidad de Asturias para mantener las dos comandancias, al no justificar suficientemente la reestructuración.
La primera edil gijonesa y la candidata que a partir de hoy liderará la Agrupación Socialista de Oviedo sostienen que se trata, por lo tanto, de un defecto de forma y no de fondo para insistir en que la concentración en la capital asturiana del Instituto Armado no tiene vuelta atrás y se llevará adelante.
No es un fallo menor como pretenden trasladar. La anulación judicial parece que no tendrá más efecto que aplazar el proceso, aunque el Gobierno tendrá que reparar el error cometido atendiendo a la forma pero explicando bien el fondo. Es decir, deberá razonar mejor que como lo hizo hasta ahora el desmantelamiento de una organización que, siendo incluso ya escasa de efectivos, contribuía a mantener los niveles de seguridad y eficacia más elevada del país. Sus inspiradores huyen lógicamente de hablar de recortes para definir la operación como una simple adaptación administrativa encaminada a mejorar la coordinación de la Guardia Civil sin que ello suponga merma alguna en la atención que presta. En ese fondo también se incluye un afán centralizador que poco a poco está consiguiendo restar poder e influencia a Gijón.