La obligatoriedad de la etiqueta ambiental supone un nuevo capítulo del psicodrama de la movilidad a la que están siendo sometidos los ciudadanos en esa obsesión por situar a Gijón a la cabeza de la lista de urbes más restrictivas para los coches de España. La autoridad local insiste en que la medida no es recaudatoria, pues no va a perseguir de momento a quienes no exhiban la correspondiente pegatina en su vehículo, pero lo cierto es que con solo su entrada en vigor las arcas públicas ingresarán de una tacada más de medio millón de euros largos por la dispensación del dichoso distintivo. Ello con el desembolso de los gijoneses, porque si añadimos a los foráneos que se tienen que desplazar a Gijón por cualquier razón o los turistas que elijan esta ciudad como destino, la cantidad a obtener se puede llegar a duplicar. El Ayuntamiento, por lo tanto, incrementa el negocio de la DGT contribuyendo además a acelerar su expansión, pues raro será el asturiano que no se vea forzado en algún momento a colocar en el parabrisas el circulito de plástico para poder entrar y aparcar en el municipio más poblado y animado de la región, ahora que llega el verano, la playa, los conciertos, la Semana Negra y la Feria de Muestras.
Aunque lo de animado es un decir, porque todavía se sigue a la espera de que los que mandan en el Consistorio presenten oficialmente el programa municipal de la folixa estival. Tiene que ser extraordinario lo que Divertia está preparando dada la tardanza en darlo a conocer, aunque ya sabemos que no habrá toros, que en el festival aéreo sobrevolarán los drones y que volverá la noche de los fuegos con más dotación presupuestaria para que el espectáculo pirotécnico sea, si la meteorología lo permite, de categoría inolvidable. Pero hasta ahora solo nos podemos planificar en virtud de la oferta de los promotores privados, que justo es reconocer tienen diseñada una agenda amplia y atractiva, de tal manera que si no fuera así la ciudad estaría hundida en el tedio y la atonía aguardando por la iniciativa pública. En otros lugares no muy lejanos ya se sabe desde hace tiempo lo que hay.
A propósito de la planificación, sin salirse del cerco al coche, el Ayuntamiento tiene que pisar el acelerador para convertir una buena parte de La Calzada en zona de bajas emisiones, crear la ecomanzana, la plataforma intermodal en el apeadero del tren y los carriles bici y para autobuses por la avenida de la Constitución, Pablo Iglesias y La Costa. Son actuaciones pagadas en gran parte con los fondos de la UE, que al recibir la aprobación correspondiente deben de ejecutarse dentro de un calendario muy concreto. Antes del 15 de junio tienen que estar licitadas y la finalización no puede ir más allá de 2024. De lo contrario, las autoridades comunitarias van recortando la ayuda conforme se produzcan los incumplimientos. Es probable que sea la única intervención relacionada directamente con la movilidad que pueda verse en ejecución de aquí a las elecciones. La otra, la transformación de la avenida de El Molinón en paseo peatonal, ya figura en el porfolio del haber definitivo.
El modelo de fiscalización de la UE sobre el buen uso de los fondos en los plazos previstos tendría que ser extendido a todas las obras públicas. Habría que inventarse unos ‘hombres de negro’ que persiguieran a las administraciones en caso de flagrantes informalidades. El Ministerio de Transportes se llevaría la palma. Es escandaloso el escaso nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos por esta cartera gubernamental en todas y cada una de las legislaturas. Da igual el color que tenga el gobierno y el ministro que sea.
El último año, apenas llegó a gastar la mitad de su presupuesto para Asturias. En Gijón, cero patatero. Como la denuncia pública resulta ya cansina, habría que habilitar una institución superior con un cuadro de sanciones para castigar como es debido a los responsables de asuntos como estos. Un organismo de verificación con potestad para aplicar el correctivo al político infractor para que pague la correspondiente multa, como tendrá que hacer ahora el ciudadano que no lleve el distintivo pegado en el turismo. De momento, se piensa en crear una comisión de seguimiento. ¿Qué seguimiento? A los políticos se siguen. A los ciudadanos se persiguen.