El movimiento del 15-M, la aparición de Podemos, la escalada de Ciudadanos y la notable pérdida de espacio de los partidos tradicionales han sido fenómenos con una misma raíz, el desengaño político de la ciudadanía. El resultado electoral en Andalucía, con la irrupción de la extrema derecha en el Parlamento, es producto del hartazgo de una parte del electorado que, independientemente de su condición, se entrega al populismo ante la indefensión e incertidumbre generada por unas élites de la cosa pública ajenas a las verdaderas inquietudes de la sociedad a la que se deben. Las recientes movilizaciones sociales en Cataluña contra los recortes ponen de manifiesto la tiranía de unos mandatarios que volcaron sus recursos en el ‘procés’, dejando a un lado las necesidades de la población. En Francia, la revuelta de los ‘chalecos amarillos’ es la expresión de un cabreo imposible de frenar salvo que caiga el presidente. La inacción por parte de los representantes políticos, que además emplean la demagogia resucitando fantasmas para intentar ganar terreno o para salvarse, está conduciendo a una peligrosa radicalización de los discursos en los dos bloques ideológicos cada vez más diferenciados. Hasta tal punto se están trazando las fronteras, que todo este movimiento sísmico está acabando con el espacio del centro, en el que se disputaba el mayor granero electoral y desde donde era más fácil construir el consenso. Una palabra mayúscula que ha permitido el mayor periodo de estabilidad democrática y prosperidad como se puso de manifiesto estos días con motivo de la conmemoración de los cuarenta años de la Constitución.
Con ese mismo término llego a la segunda parte de este modesto artículo para destacar que ha sido precisamente el consenso el que está permitiendo que Gijón empiece a vislumbrar un proyecto real de ciudad después de más de una década sin un horizonte claro. El valor del entendimiento entre quienes nos representan para conducir nuestros destinos es lo que permite trazar un camino por donde avanzar. Un objetivo que se fortalece si el acuerdo político lleva como ingrediente enriquecedor las aportaciones de los agentes sociales.
Este ha sido el caso de los dos planes labrados en el último mandato y cuya clarificación permiten cerrar el año previo a la contienda electoral con un buen sabor de boca. El plan general de ordenación y el plan para la integración ferroviaria sientan las bases del futuro de la urbe y además llegan en el mejor momento. Es cierto que se ha perdido mucho tiempo en discusiones estériles mientras iban haciendo agua por todas partes, que las tramitaciones han sido tediosas y largas y que cada idea que surgía se entendía como un bombardeo sobre lo andado. Sin embargo, la duración de la gran recesión permitió que ambos proyectos fueran madurando con una participación mayor, casi unánime, entretanto no existía capacidad para llevarlos a cabo.
Con la aprobación definitiva del PGO en el mes de enero y la puesta en marcha del plan de vías acordado por las tres administraciones implicadas está previsto que se movilicen más de mil millones en inversión pública y su consiguiente generación de empleo en apenas diez años. La iniciativa privada, por su parte, aguarda por la entrada en vigor del plan urbanístico para acometer sus actuaciones, de tal manera que la construcción volverá a coger brío después de un largo periodo de contracción por la durísima crisis que hemos atravesado. Si la maquinaria administrativa no se atora y atiende con la debida agilidad las tramitaciones o si los partidos, en su empeño por aislar a los adversarios, no torpedean lo pactado en contra del interés general, empezaremos a percibir la efectividad de estos grandes acuerdos en poco tiempo.
Lástima que este nivel de conciertos no se produzcan en otros ámbitos institucionales para la educación, la sanidad, la lucha contra el paro y por la igualdad.