Mañana miércoles, si no hay contratiempo, se celebrará el pleno del Ayuntamiento de Gijón más relevante de los dos últimos mandatos municipales por la dimensión de sus decisiones. La Corporación, salvo sobresaltos de última de hora, aprobará el cuadro financiero para relanzar el plan de vías, el documento de adhesión a la creación del área metropolitana de Asturias y el plan general de ordenación urbana. De la sesión saldrá la traza del devenir de la ciudad para la próxima década. Nadie duda de la importancia que tiene que Gijón vuelva a disponer de un nuevo PGO para favorecer su crecimiento económico mediante el desarrollo urbano. Un plan que compacta la ciudad, equilibrado y verde, que llega en el mejor momento para convertirse en el revulsivo de una actividad que ha sufrido la mayor convulsión de la historia reciente como consecuencia de la gran depresión.
En el caso de que el destino no se tuerza y de que se vayan cumpliendo todos los compromisos, el plan movilizará más de mil millones de inversión pública, incluyendo la transformación que promueve la integración ferroviaria desde La Calzada hasta Cabueñes. Pero sobre todo, en su función como regulador del mercado inmobiliario, genera las condiciones para dinamizar el sector privado residencial y productivo, de tal manera que los recursos que vengan de esta mano pueden superar con creces la inyección de las administraciones. Casi el doble de aquí a diez años si no fallan las previsiones.
Es la hora de la construcción. El miércoles se dará el espaldarazo a una actividad con apetito inversor, que ha venido incrementando su tarea de manera discreta desde 2013, a la par que el mercado de la vivienda iba floreciendo lentamente en otros lugares del país. El pronóstico es que este año empiece a coger velocidad de crucero para convertirse en motor de la prosperidad de la economía y del empleo local, mientras la industria o las finanzas mantienen en el horizonte un panorama de regulaciones y cierres. La revitalización inmobiliaria es una esperanza. El contrapunto positivo a aquella otra realidad, todavía plagada de incertidumbres.
El pasado ejercicio fue cerrado con el mayor número de licencias para la edificación de viviendas otorgadas en los últimos siete años al amparo del ‘plan Rañada’, la normativa vigente desde 1999 después de los traspiés judiciales de los dos planes diseñados con posterioridad. Ahora, más de una veintena de promociones aguardan a la ratificación definitiva del PGO para recibir la autorización y empezar a levantar edificios en distintas zonas de la villa.
El dinamismo ha comenzado a notarse pese a que todavía persiste una oferta viva de cerca de 5.000 pisos a la venta, la demanda no es la que se registraba antes de que estallara la famosa burbuja, la capacidad adquisitiva continúa mermada y el acceso al crédito bancario se ha endurecido. Sin embargo, la vuelta al ladrillo, la imagen de las grúas funcionando por diversos rincones, conlleva una dosis de adrenalina para la reanimación de una ciudad ansiosa por recuperar el pulso perdido con la maldita crisis.