Gijón acoge un acontecimiento extraordinario. Extraordinario porque nunca en su reciente historia llegaría a registrar tanta afluencia de gente en la zona este de la ciudad que no fuera por el fútbol, un concierto, cualquier otro espectáculo o una actividad ferial como la que es capaz de congregar la macrooposición sanitaria. Más de 28.000 personas procedentes de toda Asturias y comunidades limítrofes afrontaron este domingo, 10 de marzo, las pruebas para ocupar las 399 plazas de celadores convocadas por el Servicio de Salud del Principado. Es la primera y más multitudinaria en cuanto al número de candidatos de las ofertas de empleo público lanzadas por el Sespa, que en total ha sacado a concurso cerca de 2.000 plazas a las que aspiran más de 66.200 opositores.
La realización de los exámenes hasta el 12 de mayo conlleva un despliegue logístico sin precedentes. El nivel de participación obliga a habilitar seis pabellones y dos carpas en el recinto de la Feria de Muestras, una veintena de aulas en la Escuela Politécnica de Ingeniería y dos naves de Laboral Centro de Arte. Un millar de personas se encargarán de las labores auxiliares para favorecer el buen desarrollo del proceso. La capacidad organizativa supone al mismo tiempo una reválida para la administración sanitaria, incluyendo en este capítulo la intendencia para los exámenes, el mantenimiento del servicio asistencial en hospitales y centros de salud con unas mínimas garantías para los usuarios durante los días de celebración de las pruebas y la resolución de las evaluaciones. Es inaudito, por ejemplo, que la última convocatoria pública de empleo para médicos de atención primaria llevada a cabo por el Servicio de Salud no haya sido aún resuelta después de casi un año de que fuera realizada la oposición. El éxito de un proceso de estas características se tiene que medir de principio a fin. La tardanza en solventar los resultados definitivos, además de una falta de respeto a los participantes, es una evidencia clara de las chapuzas del sistema.
La macrooposición, en sí, también supone un reflejo de las anomalías en el funcionamiento de la administración. La oferta viene justificada por el intento de reducir la elevadísima interinidad existente en el sector público sanitario. El problema de la temporalidad se ha ido agudizando por la falta de oposiciones en la región desde hace más de una década. Para algunos colectivos profesionales, como es el caso de los propios celadores que se someten a los ejercicios, no se producen oportunidades así desde que el Principado asumiera la transferencia estatal de la sanidad. No se está generando empleo nuevo. Se trata de corregir el agravio generado en la propia estructura del personal público. Ahora bien, la forma de hacerlo conlleva igualmente cierta injusticia. Un buen número de candidatos que pujan por las plazas llevan prácticamente toda su vida laboral trabajando en el Sespa y con cincuenta y sesenta años de edad se juegan su puesto en un pupitre. Por ello es absolutamente comprensible el cuestionamiento del mecanismo decidido por el Gobierno regional para solventar la interinidad sin garantizar que solo con los méritos acumulados, los años dedicados a su profesión, tendrían que ser suficientes para consolidar el empleo. La jurisdicción laboral jamás permitiría a una empresa privada mantener a un trabajador tantísimo tiempo en un puesto sin que se le reconociera su fijeza. Sin embargo, en la rama de la salud se ha convertido en normal que un eventual, ya no digo el interino, pueda concatenar cientos de contratos durante varios años sin que tenga derecho a convertirse en empleado indefinido. Pensando en que algún día se pueda atender esta iniquidad lo único que se puede desear ahora es suerte a los aspirantes.