Desindustrialización, despoblación y descarbonización son los tres retos más relevantes que tenemos por delante en este lugar del mapa donde nos ha tocado vivir. Son las tres ‘des’ que condicionan la acción política a todos los niveles en la próxima década para hacerles frente con recetas que vayan desde el choque a la búsqueda de la oportunidad. Hay otra ‘des’, sin embargo, que no tiene relación directa con la triada mencionada pero que va ‘in crescendo’ entre la ciudadanía como consecuencia del comportamiento de quienes han sido elegidos en las urnas para representarnos y del nefasto funcionamiento de las administraciones en general. Es el de la desesperación, en las tres aceptaciones que recoge el diccionario de la Real Academia, ante la incapacidad de los políticos a dar respuesta desde las instituciones a los problemas de la sociedad a la que se deben por la confianza que en ellos se ha depositado.
Mientras la parálisis nacional amenaza con prolongarse por los fulleros de los pactos y en Asturias tardamos dos meses en formar gobierno pese a que no se puede practicar el sistema de bloqueo, los problemas que a diario sufre la ciudadanía al comparecer en ventanilla para recibir atención siguen sin resolverse. Aquel ‘Vuelva usted mañana’ que Mariano José de Larra tan ácidamente describió hace más de siglo y medio continúa vigente, de una manera u otra, en todos los ámbitos de la burocracia funcionarial. ‘El que espera, desespera’, dice el dicho popular, y eso es lo que sucede hoy en cuanto dependemos de una decisión administrativa relacionada con cualquier servicio público.
Ejemplos hay por doquier en el que las instituciones son incapaces de cumplir la normativa que ellos mismos legislan. Lo estamos padeciendo ahora con el decreto que regula el tiempo máximo de espera en las listas sanitarias. El sistema es incapaz de evitar que haya pacientes que lleven más de seis meses a la cola pendientes de entrar en el quirófano pese a que la nueva regulación lo prohíba. En el salario social, más de mil peticiones para recibir la prestación continúan sin respuesta. Creamos derechos sin suficiente dotación de recursos económicos ni medios para atenderlos. Ocurre lo mismo con las ayudas a la dependencia, donde algunos destinatarios incluso se quedan por el camino mientras aguardan a que llegue la resolución tarde, mal o nunca. No hablamos ya de la tramitación de una licencia, da igual su destino; la acumulación de expedientes sobre subvenciones, sea para un joven emprendedor o para rehabilitar la fachada; los larguísimos procesos para poder acometer una obra pública o privada, o la demora de años en resolver una oposición.
Y en la justicia, ídem de ídem. Lo hemos visto esta semana. Los jóvenes acusados de la brutal agresión a Germán Fernández han sido puestos en libertad en víspera de agotar en la cárcel los dos años de prisión provisional sin que antes se celebrara el juicio. El juez impuso a los presuntos autores órdenes de alejamiento del chaval y su familia como medidas cautelares en su regreso a la calle. La decisión ha sido recibida con sorpresa e indignación por la víctima y su entorno. Con el auto judicial se produce una colisión de derechos. El de los acusados a salir del centro penitenciario una vez cumplido el plazo máximo que establece la ley, y el de Germán a que sus agresores cumplan sin paliativos la mayor de las condenas. Volvemos a lo anterior. La tardanza en la celebración de la vista vuelve a recordar la alarma social generada cuando se produjeron aquellos lamentables hechos en Fomento. En situaciones así, aunque en todas tendría que ser, la justicia debe de actuar con mayor agilidad. La eficacia también se mide por la rapidez en las actuaciones. En el caso de Germán la lentitud prolonga la desesperación.