La casualidad, aunque a veces esta también se puede buscar en función de las circunstancias, ha hecho que el juicio del Tribunal de Cuentas por el ‘caso El Musel’ coincidiera con la cumbre de la autoridades portuarias españolas en Gijón. En un solo día, la superdársena ofreció dos vertientes distintas pero vinculadas entre sí, la que juzga los hechos del pasado que pesan como una losa sobre el devenir del puerto y la que radiografía el presente, volcada en conseguir el mayor rendimiento posible a un espacio todavía hoy con grandes carencias y sobredimensionado.
La vista del órgano fiscalizador ha sido el preludio de un largo proceso judicial sobre la picaresca empleada en la ampliación para detraer dinero público. El final tiene que servir para determinar si se produjo golfería durante el desarrollo de la obra y, en su caso, castigar a los truhanes por la malicia. Ahora bien, solo con el sobrecoste generado, sin entrar en las razones ni en los métodos, existe justificación suficiente para exigir responsabilidades sea por la vía administrativa o por la penal, en la que están encausados muchos más que los dos directivos que estos días fueron sometidos a enjuiciamiento en Madrid.
Mientras tanto, El Musel es rehén de la elevada inversión realizada en la construcción del ‘superpuerto’. La deuda contraída por el organismo portuario, más de cuatrocientos millones de euros sin tener en cuenta la desviación producida por los desafueros de la obra, condiciona las cuentas de las dos próximas décadas. Hasta el 2040 tendrá que reservar la correspondiente partida anual para pagar los dos préstamos que tuvo que contraer para la causa. A este respecto, los actuales gestores de la Autoridad Portuaria están actuando en la dirección correcta. En los dos últimos años, aprovechando la obtención de unos buenos resultados económicos, optaron por dedicar más recursos a la amortización de la deuda aminorando su carga financiera. Para el presente ejercicio quieren destinar veinticuatro millones de euros a tal menester. El esfuerzo para reducir el lastre es una buena medida, aunque lo deseable sería que la Administración central asumiera en su integridad el coste total de la ampliación. Como ello no parece que vaya a ser así, todo lo que se haga ahora para adelgazar el empréstito servirá para aliviar obligaciones en los difíciles años que están por venir.
La velocidad con la que discurren los acontecimientos y la lentitud en afrontar las necesidades que tiene el puerto son los mayores enemigos de El Musel. Hace justo ahora cinco años, en septiembre de 2014, se ponía en marcha un plan estratégico que confiaba en incrementar los tráficos de graneles y contenedores, abrir una segunda conexión de ferry y convertirse en un enclave estratégico para la distribución gasística con la regasificadora. Transcurrido el tiempo, no solo se produjeron avances sino que el escenario se ha vuelto más complicado por la desaceleración del crecimiento económico y la repercusión de la transición energética en la actividad portuaria. En lenguaje marinero, sopla viento por la proa.
La única manera de vencer la adversidad es preparándose antes de que sea tarde. Por ello, el puerto, y en ello también nos va Gijón y Asturias, necesita un acelerón en la apertura de la variante de Pajares, en la mejora de sus conexiones ferroviarias, en la puesta en funcionamiento de la zona logística, en los accesos por carretera, en la recuperación del enlace marítimo con la Bretaña francesa y en la entrada en actividad de la planta de Enagás.
Durante la cumbre gijonesa, el presidente de Puertos del Estado en funciones, Salvador de la Encina, digno representante del Ministerio de Fomento también en funciones, reiteró el apoyo para convertir en realidad la ZALIA, la autopista del mar y la regasificadora. Amarremos las palabras al palo mayor para que no se las lleve el Nordeste.