Las calculadoras en los departamentos de Hacienda han empezado a echar humo. Después de las prórrogas presupuestarias en todos los ámbitos de la administración pública, con un estado generalizado de inacción como consecuencia, los nuevos gobiernos surgidos de las urnas en Gijón y en Asturias hace cinco meses perfilan sus primeras cuentas, que son la prueba del algodón de los compromisos convertidos en números ejecutables sin engaño a la ciudadanía. Los presupuestos son la auténtica vara de medida de la acción de gobierno, primero de las intenciones y luego del grado de actuación. Acertar en la previsión es clave en cuanto que cada cifra reflejada es definitoria.
Bruselas acaba de devolver al gobierno central en funciones su proyecto de presupuestos generales del Estado para el próximo año por el significativo riesgo de desviación en el déficit. Tiene que elaborar otro plan más acorde a los objetivos de estabilidad económico-financiera dictados por la autoridad comunitaria, que implica elegir una de estas dos vías: o recorta el gasto o incrementa los ingresos fiscales. No hay otra manera de cuadrar las cuentas.
En el caso del Principado, los primeros esbozos apuntan el mismo dilema. El gobierno asturiano se ve en la tesitura de presentar unos presupuestos con mayor inversión que la que manejó el anterior Ejecutivo de Javier Fernández, que venía con las partidas aplazadas, en un entorno de desaceleración de la economía y con un gasto social cada vez más disparado. En los últimos cuatro años, el dinero destinado a sanidad, educación y servicios sociales aumentó en esta comunidad autónoma en doscientos millones de euros, mientras la inversión pública disminuyó en más de la mitad.
Los recursos son escasos, el margen para moverse estrecho y algún miembro del gobierno ha empezado a caerse del guindo. El consejero de Ciencia, Borja Sánchez, sobre el que recae el reto de impulsar la I+D+i hasta alcanzar niveles europeos, ya dijo textualmente que por lo que leía en los periódicos la economía está entrando en recesión y que lo que pretendía entonces era que Asturias, al menos, fuera la región que no disminuyese su inversión en innovación. De esta forma, difícilmente vamos a converger.
El problema es que las cuentas no son de goma. No estiran ni encogen en función de las necesidades. Por lo tanto, el nuevo gobierno de la comunidad se encuentra con que para dedicar más a estos capítulos tiene, por contra, que reducir gasto en los servicios esenciales del estado de bienestar –la mayor partida es la sanitaria– y elevar al mismo tiempo la fiscalidad. Luego ya se pondrá a los presupuestos resultantes el adjetivo que se quiera.
En Gijón ya tienen su calificativo: «Serán inversores y sociales para lavar la cara de la ciudad», en palabras de la concejala responsable de Hacienda, Marina Pineda. Es de suponer que con ello se refiere a la puesta en marcha del plan de barrios comprometido por la coalición gubernamental, que va más allá de una remodelación de fachadas, y de las obras de saneamiento necesarias para evitar el espectáculo que estamos dando con el derrame de las aguas fecales.
Por otro lado, una vez cerrado el difícil capítulo de la subida general de tasas, nada hace pensar que no se produzca también el acuerdo con Podemos para definir el destino de los ingresos. La renta social, que amenazaba con ser el gran caballo de batalla, seguirá formando parte del catálogo de prestaciones municipales aunque con otro objetivo, otro nombre y otra forma de gestionarla. Lo suficiente para que la formación morada pueda esgrimir que la protección se mantiene y evitar que alguien pueda achacar a la izquierda la eliminación de una ayuda que, picarescas aparte, contribuyó a aliviar la pobreza y al mismo tiempo inyectó dinero al comercio local manteniendo el empleo en algunas tiendas. Ahora bien, vincular la paga a una ocupación laboral para el beneficiario también puede ser una buena opción.