Veamos en qué situación se encuentran las prestaciones de subsistencia de los servicios sociales a expensas de que el Gobierno central lleve adelante la implantación en todo el país del ingreso mínimo vital. En Gijón, la izquierda está rediseñando la renta social creada durante la anterior corporación con la intención de lanzar una primera convocatoria el próximo mes de abril. El funcionamiento será distinto, por lo que han venido avanzando las partes que lo están cocinando, de tal manera que los comerciantes no tendrán el protagonismo que adquirieron en el control del destino del dinero repartido por tarjeta prepago entre los beneficiarios. El modelo cambiará y, al parecer, también los objetivos si es que finalmente se incluyen itinerarios de formación y empleo para los perceptores y el pago de los alquileres. Al fin y al cabo, cuando se trata de cubrir las necesidades básicas, el techo es prioritario.
Por otro lado, la nueva ley que se está tramitando en el Parlamento asturiano que regulará las prestaciones del Principado, entre ellas el salario social, tardará aún un año mínimo en entrar en vigor. La normativa elevará el importe de la paga y, por lo tanto, el coste del sistema, que ya supera los 120 millones de euros. Además, incluirá como derecho subjetivo que quien reciba el salario pueda acceder directamente a la ayuda al arrendamiento del piso, que es tanto como garantizar la cobertura ampliada.
Sin embargo resulta curioso, porque así de tozuda es la realidad, que casi la mitad de quienes obtuvieron las ayudas al alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda fueran precisamente gente que trabaja. Personas con empleos precarios que cobran un sueldo ínfimo, incluso por debajo de aquellos que buenamente reciben la paga de la Administración. La ley que está llamada a blindar el salario social, como sostienen quienes la inspiran, no aclara las medidas que eviten que el sustento sea eterno. Se vuelve a correr el riesgo de mantener la cronificación de la pobreza bajo el amparo de un subsidio que tendría que estar mucho más vinculado a la integración en el mercado de trabajo. El dilema ahora es qué sucederá con la renta social gijonesa y con el salario social del Principado cuando el Gobierno de Sánchez-Iglesias ponga en marcha la prestación nacional. La intención es que el íngreso mínimo vital, anunciado por el vicepresidente y ratificado por el ministro José Luis Escrivá, esté listo ya el próximo año para su implantación paulatina a lo largo de la legislatura. Será un subsidio de la Seguridad Social, que podría compatibilizarse con el cobro de un sueldo o de otras prestaciones públicas, de tal que manera que se garantice un ingreso total al mes igual al indicador de renta media que se establezca. El coste, cerca de 10.000 millones de euros, que colgarían de los presupuestos generales del Estado.
El Ejecutivo de coalición quiere que el íngreso mínimo vital sea coordinado con aquellos otros sistemas que ya están vigentes en comunidades autónomas y ayuntamientos, como es el caso de Gijón. Está por saber sí serán complementarios o si lo más lógico es que algunos de ellos desaparezca. Lo que no tiene ningún sentido es que existan tres sueldos sociales cuando ya solo con uno se ha desincentivado la búsqueda de empleo.

Postdata: Al final se impuso la sensatez. Los grupos políticos de la Corporación gijonesa aprobarán por unanimidad la declaración institucional para apoyar la candidatura de la Universidad Laboral como Patrimonio de la Humanidad. En el texto que irá al Pleno se recogen los orígenes, lógicamente inmodificables, la riqueza artística del conjunto arquitectónico, la acertada rehabilitación y su transformación en referente educativo, científico y cultural. Es incomprensible que para llegar hasta aquí se organizara tanto lío. Alguien en el equipo de gobierno tuvo que aprender la lección. De todas formas, sostienen los partidos firmantes que la declaración por la Unesco «contribuirá al proceso de resignificación del edificio», cuando la resignificación, por mucho que se empeñen los políticos, ya está hecha.