El 23 de enero, cuando ya se había declarado el confinamiento en Wuhan, el comité de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, en una reunión de urgencia por teleconferencia, lanzaba un primer aviso a todos los países ante la vertiginosa propagación del puñetero virus. Tenían que estar preparados para aplicar medidas de vigilancia activa, detección temprana, seguimiento de contactos, aislamiento y, sobre todo, prevención. Entonces ya existían suficientes datos que permitían adoptar precauciones e ir adelantándose para evitar los riesgos del contagio. Uno de ellos era el ensañamiento del mal en la población anciana, donde se estaban produciendo los mayores índices de mortalidad con diferencia. El 85 por ciento de los fallecimientos eran personas de más de 70 años. Y otro factor conocido era su progresión exponencial, de tal manera que la actuación una semana antes suponía reducir la expansión a la mitad.
Transcurrido un mes, a finales de febrero, se empezaron a detectar los primeros casos en España, aunque no se llevaron a cabo acciones que impidieran la expansión hasta quince días después. En las residencias de la gente mayor, incluso, más tarde. Cuando se empezaron a restringir las visitas en los geriátricos en Asturias, el bicho ya estaba circulando por salas y pasillos. Es fácil concluir ahora que hubo una evidente falta de anticipación en todos los órdenes y que pese a las advertencias nos hemos dejado pillar con el pie cambiado. Pero hace falto decirlo, claro y alto, para ir señalando responsabilidades que se tenían que haber ejercido y que no se desempeñaron.
El hallazgo por los militares de cadáveres en las habitaciones de algunas residencias de la tercera edad en la comunidad madrileña ha sido estremecedor. El episodio más negro de una historia trágica de la que Asturias no está siendo ajena. Los mayores focos de infección del coronavirus de la región se han registrado en los centros de mayores de la red pública, con más de un centenar y medio de enfermos, entre usuarios y trabajadores. Las residencias de Grado y Piedras Blancas se convirtieron en auténticas cuevas de transmisión del bicho. En los alojamientos privados también se están dando contagios, pero con menor intensidad que en el ERA. Además de la carencia de medios de protección para plantillas y residentes había otros vectores de riesgo que se tenían que haber atajado de raíz en el momento que se tuvo conocimiento de la aproximación del Covid-19. La falta de aislamientos de casos sospechosos o las rotaciones de profesionales de servicios complementarios por los centros fueron una bomba de relojería. En definitiva, el coronavirus puso de manifiesto la flaqueza de un sistema cuyas costuras ya estaban debilitadas por los recortes y la mercantilización.
En el drama de las residencias no se aplicaron protocolos de prevención eficaces, pese a que existía suficiente información científica previa para proteger a sus 15.000 alojados. Aunque en el manejo de la información la Administración regional está dejando bastante que desear. Ni para dentro ni para fuera. Solo un ejemplo. En otras comunidades, no digamos ya en el País Vasco, las autoridades sanitarias hacen pública a diario la estadística actualizada sobre el impacto del virus con todo tipo de datos. Es decir, el perfil de los afectados por sexo y por edades, su distribución por hospitales, los municipios a los que pertenecen, etcétera. Por el contrario, el Principado se ciñe a cuatro números básicos: enfermos confirmados, ingresados, pacientes en la UCI y fallecimientos. Lo más elemental para que no se pueda decir luego que no hubo transparencia.