Ojalá me equivoque, pero esto va camino de alargarse tanto como dicen los malos augurios. No me refiero a la crisis sanitaria, cuyo final todavía es una incógnita una vez superada la primera ola de la pandemia. Me refiero a los estragos provocados en la actividad y en el empleo después de tres meses de parálisis inevitable para combatir su propagación.
Si no sabemos las secuelas que deja la COVID-19 en las personas que padecieron la enfermedad, tampoco conocemos las consecuencias finales que tendrá en la economía. De momento podemos comprobar las dificultades a las que nos enfrentamos para salir del estado catatónico. Cuando supuestamente estamos a medio gas, solo recuperamos un doce por ciento de los trabajadores sometidos a los ERTE. A una semana de la entrada en la ‘nueva normalidad’ no se dan las condiciones para un regreso viable. Vamos a tardar. El trasiego en las calles y las terrazas son imágenes engañosas. En un paseo por Gijón también se observa la gran cantidad de negocios que han decidido renunciar a la vuelta. El comercio y la hostelería afrontan una situación dificilmente predecible, pese a las medidas de rescate temporal puestas en marcha por las administraciones a todos los niveles. Su prolongación y la esperanza de que el turismo recobre el pulso contribuirán a aliviar el golpe social de la recesión en estos sectores, que amenaza con agudizarse si se mantiene el desamparo al auténtico sostén de nuestra economía. La industria urge protección.
La reconstrucción económica y social no solo debe pivotar en la transformación del modelo energético y en la revolución digital, sino que tiene que servir para constituir un sistema productivo sólido, estable y competitivo. Hay que recuperar el carácter estratégico de la industria. Despejar sus incertidumbres, resolver las trabas a la actividad, apoyarla para seguir creciendo y defenderla en todos los escenarios para ganar prosperidad. Es decir, hacer lo contrario de lo que se ha venido haciendo en estos últimos años de abandono y acoso al sector.
Gijón es, sobre todo, un enclave industrial. Si la economía asturiana resiste mejor el embate del coronavirus que en otros lugares del país es por el peso de la industria. Y sin embargo, no hay actividad más maltratada. Cada decisión que se adopta supone un revés. Hace falta dar más puñetazos en la mesa aquí, en Madrid y en Bruselas para corregir el rumbo de una desindustrialización desesperante.
La intención ministerial de limitar el acceso a los préstamos para proyectos de inversión del plan Reindus, que esta semana denunció la patronal, es un ejemplo más del estrangulamiento al sector. Supone el principio del fin de un programa que demostró sobradamente su eficacia como mecanismo de apoyo al impulso y la modernización empresarial. Mientras se acumulan las torpezas, las peticiones de socorro no paran de aumentar. La situación de las antiguas plantas de Alcoa resulta indignante; los costes de producción alcanzan niveles insoportables y la automoción ha entrado en barrena, con las repercusiones que ello tiene para una buena parte del tejido de esta región. Vauste, la fábrica de la antigua Tenneco en Porceyo, está siendo víctima de ello.
En esa adversidad pendiente de solución se encuentra la siderurgia. Decir que la cabecera de Gijón corre un peligro manifiesto puede ser tachado de catastrofista, pero la realidad es tozuda. De avisos estamos ya sobrados. El último, la declaración que esta misma semana encabezaba Arcelor con la industria europea del acero, sobre el «riesgo inminente» de una invasión del mercado con productos baratos de China, India, Indonesia y Rusia, que supondría la aniquilación de la actividad. Miles de empleos dependen de una reacción defensiva inmediata por parte de las autoridades comunitarias. Sin embargo, la UE ha vuelto a dar calabazas.
Tan urgente como resolver, de una vez por todas, los asuntos que tienen pendientes quienes ocupan los despachos del Paseo de la Castellana, 160. La ampliación de las ayudas para compensar los costes indirectos de las emisiones, la convocatoria de la subasta eléctrica y el abaratamiento del precio de la energía con la aprobación del estatuto para la industria electrointensiva son deberes pendientes cuya retraso raya la negligencia. Políticamente, es difícil hacerlo peor.