El Gobierno central incorporará al llamado ‘escudo social’ una ayuda de 430 euros a los parados que agotaron el subsidio de desempleo durante el estado de alarma o se van a quedar sin prestación de aquí al 30 de septiembre. La paga, que quedó pendiente de desarrollo en el acuerdo del 26 de junio con patronal y sindicatos, va en la línea de no dejar a nadie atrás en la descomunal crisis generada por la pandemia. Por lo tanto, pocas objeciones caben a una asistencia para aliviar la precariedad económica de más de medio millón de personas que se encuentran en esa situación en el país, de ellas cerca de ocho mil en Asturias. Resultaría injusto que no se les prestara atención de la misma forma que se ha venido haciendo a quienes padecieron las consecuencias del parón y fueron incluidos en los expedientes de regulaciones o a los autónomos afectados por el cese de la actividad.
El coste del rescate social por la COVID-19 es elevadísimo. La factura rozará este año los 20.000 millones de euros, incluyendo la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, pero las medidas son indiscutibles. Independientemente de los problemas de gestión registrados para llegar a los beneficiarios, de la burocracia y de los retrasos, la red desplegada por las administraciones para salvar a las personas es indudablemente prioritaria. Por ello, no debería producirse titubeo alguno ante la necesidad de prolongarla en el tiempo, más allá del próximo mes, teniendo en cuenta el impacto que todavía puede sufrir la economía y el empleo por otra oleada del coronavirus. Por el contrario, su eliminación en medio de la incertidumbre supondría una temeridad. La depresión social sería entonces inevitable.
Otra cuestión distinta son los retoques que se tengan que hacer al ingreso mínimo para mejorar su cobertura y, especialmente, su finalidad para que no se convierta en una prestación desincentivadora de la ocupación laboral. El Ejecutivo busca fórmulas para reforzar esa idea y salvar también las reticencias de algunos socios de la UE sobre esta prestación básica tras la aprobación de los fondos de reconstrucción. El equipo económico del Gobierno baraja, incluso, vincular su cobro al desempeño de determinados servicios a la comunidad por parte de sus perceptores. Serían tareas conveniadas con los ayuntamientos que, de ninguna manera, tendría que ir en perjuicio de la creación de empleo. Alguna propuesta en ese sentido ya fue planteada en su momento para la percepción del salario social en Asturias sin que tuviera eco alguno. Mientras tanto, la inserción laboral de los beneficiarios siguen siendo una asignatura pendiente. La parasitosis a la que tantas veces se alude es en todo caso una enfermedad que genera el propio sistema.
En Gijón, sin embargo, la renta social tiene fecha de caducidad. El Ayuntamiento tiene prevista su desaparición el 30 de septiembre. Casi 3.000 ciudadanos usaron las tarjetas prepago distribuidas por la administración local en estos tres años de implantación y más de trescientos establecimientos facturaron 6,5 millones de euros por las compras realizadas. El balance ha sido satisfactorio. El doble efecto que perseguía su instauración, al menos, se ha conseguido. Por un lado, auxiliar en el consumo a las familias más vulnerables de la ciudad y, por otro, inyectar recursos en el comercio local. El gobierno municipal de PSOE e IU se ha comprometido a establecer un programa de ayudas complementarias para sustituir este instrumento, que ha perdido sentido si el ingreso mínimo vital responde como es debido a la denominación que se le ha dado.
De todas formas, aunque la irrupción del virus lo ha trastocado todo, la finalización de la vigencia de la renta tendría que ser aprovechada por el consistorio gijonés para abordar una reforma en condiciones de todo el entramado de servicios sociales. Poner orden en el laberinto, adaptarlo a la nueva situación, llegar a todo aquel que tenga realmente necesidad y ganar en agilidad y eficacia. Es la mejor ocasión para cimentar un nuevo sistema, desde luego con el mayor consenso posible y de la mano de las organizaciones que a diario atienden las penurias, para ganar la batalla a la pobreza.