No me gustaría estar en la piel de las autoridades que tienen que decidir sobre el inicio del curso escolar. Se trata de una determinación de enorme complejidad, la más difícil de las que se han ido tomando desde el final del estado de alarma por el impacto que se puede producir en el ritmo de propagación de la pandemia. Dice la asturiana María Neira, directora de Salud Pública de la OMS, que aún falta mucho por saber sobre el comportamiento del virus en la población infantil y juvenil. No hay suficiente conocimiento epidemiológico sobre los efectos de la transmisión en niños y adolescentes. El cierre de aulas previo al confinamiento general impidió alcanzar una evidencia científica, indudablemente de manera afortunada. Y es precisamente esa carencia la que obliga a extremar más la precaución una vez llegado el momento de regresar a las escuelas para evitar que se conviertan en una ‘bomba vírica’.
La experiencia de estos seis meses atroces, desde que el coronavirus empezó a campear entre nosotros, ha puesto de manifiesto que el riesgo cero no existe. No hay garantía posible. Por lo tanto, el objetivo es minimizar al máximo el peligro de que la apertura de los centros educativos suponga también abrir las puertas a la extensión de la enfermedad. Y para minimizarlo no hay otra manera más eficaz que reducir la concurrencia en las aulas, en las entradas y salidas, en los pasillos, en el patio, durante el recreo, en el comedor y en el bus escolar. Además del uso obligatorio de mascarillas y de la higiene de manos, preservar lo más posible las distancias es vital. El nivel de interacción que se produce en los colegios no se da en ningún otro lugar. Por otro lado, la creación de ‘grupos burbuja’ que plantea la administración educativa resulta una entelequia.
El plan diseñado con forceps en julio después de una caótica gestión del final de curso ha quedado invalidado por la velocidad de los contagios en agosto. El primer escenario que barajaba entonces la Consejería de Educación era recuperar el modelo presencial, sobre el que no cabe ninguna duda de que, hoy por hoy, ofrece un aprendizaje de más calidad, permite la sociabilidad y resulta más igualitario que la alternativa ‘online’. Pero la idea del regreso físico de todos los alumnos a menos de tres semanas del arranque puede verse como una temeridad si no existen suficientes garantías de seguridad para la comunidad escolar. Un cambio radical de los horarios, con turno por la mañana para unos ciclos y otro por la tarde para el resto, podría facilitar que se mantuviera el sistema tradicional.
La opción mixta, combinando la asistencia a las aulas con las clases telemáticas, ha ido cobrando fuerza en los últimos días conforme se va acercando la fecha inaugural. Su implantación, sin embargo, amenaza con generar no pocos problemas dada la experiencia vivida por docentes, alumnos y padres en los dos últimos trimestres de la pasada convocatoria. La enseñanza por internet elimina la igualdad de oportunidades por las dificultades de acceso a los dispositivos de numerosas familias, la inexperiencia en el uso de los programas y las deficiencias de conectividad.
La brecha digital desde junio no ha sido corregida. Los centros se han volcado en buscar la manera de ampliar espacios sacrificando otras instalaciones para acoger al alumnado completo, siguiendo las elevadas ratios fijadas por la Administración, pero presentan enormes carencias para aplicar con eficacia la modalidad virtual.
Hace falta más medios humanos y materiales. Todo el gasto que se acometa en contrataciones para reforzar las plantillas y en dotaciones tecnológicas contribuye a blindar la salud. Al fin y al cabo se trata de aumentar la protección de todos nosotros.
Equipos directivos, profesores y familias han expresado estos días su preocupación por la tardanza en establecer un protocolo para el retorno seguro a las clases y la improvisación de las medidas que se han ido adoptando. Algunos padres amenazan con dejar a sus hijos en casa y los sindicatos están dispuestos a convocar movilizaciones. Las comunidades autónomas emplazan al Gobierno central a fijar unos criterios mínimos para que la apertura del curso sea homogénea en todo el país, pero cada una por su cuenta va decidiendo antes la manera de afrontarla. Es necesario orden, coordinación, claridad y mayores recursos para acabar con semejante desconcierto. De lo contrario, podemos vernos en la tesitura de tener que volver a cerrar las aulas a los quince días de su apertura.