En seis años, desde septiembre de 2014, llevamos dos planes y un protocolo para combatir la contaminación en la zona oeste de Gijón y estos días el Principado saca a información pública el tercero, que si de verdad se acomete, salvando en el proceso que ahora se abre las reticencias sobre algunas medidas del documento, podría contribuir definitivamente a resolver el problema de la calidad del aire en la ciudad. No cabe duda de que la fuerza de la presión ejercida desde el movimiento vecinal y ecologista en todo este tiempo ha servido para elevar el interés de las administraciones y de las empresas asentadas en esa área en la lucha contra las emisiones. Y no se puede decir que en ese tiempo no se obtuvieran resultados porque sería minusvalorar el grado de concienciación a la que se ha llegado por parte de todos los agentes implicados, incluida la propia batalla ciudadana por la mejora medioambiental. Claro que los hubo. Las industrias acometieron grandes desembolsos en la adopción de medidas correctoras a través de la renovación de instalaciones y el Ayuntamiento y el Principado fijaron como prioritaria la persecución de la polución incrementando las exigencias, la vigilancia y las acciones para detectar los focos contaminantes. En ese periodo, la concentración de partículas en la atmósfera ha bajado, aunque también hay que decir que a esa mejoría ha contribuido una reducción, en determinados momentos muy notable, de la actividad en el mayor núcleo industrial de Asturias, donde se concentra casi el 40% de la producción. De la lectura del ‘Plan Aire Gijón Oeste’, como lo ha bautizado el Gobierno regional, se podrían extraer cuatro conclusiones:
Los culpables. El documento señala con claridad dos grandes fuentes que originan la suspensión de partículas en la zona: Arcelor y El Musel. En lo que respecta a la factoría siderúrgica centra el problema en las instalaciones de sinterización y en el caso del puerto, en el movimiento del carbón, un negocio que tiende a aumentar en los muelles de Gijón. El resto de industrias, incluidas las centrales de EdP, se salvan de una u otra manera por registrar emisiones de inferior magnitud.
Las soluciones. El plan emplaza a Arcelor a finalizar la reforma del primer sinter, que acumula un año de retraso, y a adelantar dos años la instalación de un nuevo filtro en el segundo para mejorar la expulsión de partículas nocivas. Mientras tanto, la empresa está obligada a limitar el funcionamiento de ambas plantas. Está por ver el impacto de la medida sobre la actividad y las inversiones de la compañía. En El Musel, la encomienda es distribuir con claridad los espacios destinados a los graneles, pavimentar, facilitar el riego y levantar apantallamientos. Nada se dice de sistemas cubiertos como existen en otros puertos, quizás porque el coste los hace inviables y deberían de ser repercutidos en las concesionarias.
Los controles. Pocos lugares de España están tan analizados y vigilados que el oeste gijonés. Desde hacer dos años hasta nueve estaciones medidoras del Principado, del Ayuntamiento y de las empresas controlan a diario el aire que se respira en la zona. El equipo móvil colocado con gran controversia por el gobierno local en agosto de 2017 en El Lauredal ha sido clave para determinar el alcance de la contaminación. El plan, al fin, asume la instalación de una estación fija para engancharla a la red oficial de registros desde la que se establecen las alertas cuando las emisiones sobrepasan lo permitido. Su ubicación, por pura lógica, tiene que ser allí donde normalmente se detectan los picos más elevados.
Los incumplimientos. En este apartado el podium es para la propia administración. Si las empresas hicieron esfuerzos para ir solventando el problema medioambiental en unas circunstancias económicas difíciles, el compromiso de la parte pública ha dejado mucho que desear. Resulta descarado que propongan restringir el tránsito de camiones con graneles por la avenida del Príncipe de Asturias para reducir la insoportable polución en Cuatro Caminos, mientras paralizan sin fecha los nuevos accesos a El Musel. Y más descarado aún que planteen, además, gastarse 650.000 euros en un estudio sobre el tráfico rodado en La Calzada y todo su entorno como si no estuviera suficientemente visto y diagnosticado.