Más de seiscientos espacios públicos y equipamientos de este país llevan el nombre del Rey emérito. Calles, avenidas, plazas, glorietas, parques, urbanizaciones, colegios, institutos, pabellones deportivos, auditorios, hospitales o centros universitarios forman parte de esa amplísima lista de lugares con la denominación de Juan Carlos I. El movimiento antimonárquico que con altavoz reclama la retirada de los reconocimientos, honores y distinciones al exjefe del Estado ha ido creciendo conforme fue aumentando también su caída en desgracia. Un movimiento que no pudo recibir mayor alimento que su marcha de España.
Sin embargo, pese a la altisonancia, los municipios que decidieron aplicar el correspondiente correctivo a modo de sentencia sin esperar a que la justicia determine el alcance y la responsabilidad de los supuestos dislates se cuentan, hasta ahora, con los dedos de las manos. Enumero algunos para ver su perfil. En Cádiz, el equipo podemita de José María González ‘Kichi’ retiró el busto de la glorieta de San Severiano y sustituyó el nombre de la avenida de Juan Carlos I por el de la ‘Sanidad Pública’. En Vitoria, el gobierno local del PNV se cargó la placa que recordaba su figura para colocar en su lugar la del ‘8 de marzo’. En Pontevedra, el ayuntamiento comandado por el BNG decidió cambiar la denominación de la calle por la de ‘Virxinia Pereira Renda’, una de las grandes galleguistas, compañera del padre del nacionalismo, Alfonso Rodríguez Castelao. En Rivas Vaciamadrid, espejo para otras actuaciones del consistorio gijonés, la vía pública dedicada al soberano pasa a ser un homenaje a los sanitarios bajo el mandato municipal de IU-Equo-Mas Madrid.
Podríamos seguir con la retahíla, por ejemplo la petición de Compromís en el Congreso para eliminar también el nombre de la base de la antártida, o la de Bildu, exigiendo la desaparición de sus fotos en el Parlamento. Pero la conclusión es que todas las iniciativas están siendo impulsadas por los grupos políticos independentistas y de la izquierda más ortodoxa y radical. Unas formaciones que, aprovechando la desgastada figura del Rey emérito, bombardean ahora sin acritud la tarea constitucional del 78, origen de las mayores cotas de libertad y prosperidad de la historia de este país.
En Gijón, el equipo PSOE-IU anunció que definitivamente destronará del callejero de la ciudad al monarca sin trono. La avenida de Juan Carlos I pasará a ser bautizada como avenida de José Manuel Palacio, el primer alcalde de la democracia, que cimentó la transformación de una ciudad gris durante los ochenta. No cabe duda de que Palacio tendría que haber tenido hace tiempo su espacio público en la villa a la que se entregó. Han pasado por delante demasiados nombres dejando relegada de forma injusta a esta figura local sobradamente merecedora de una placa. Lástima es que ese reconocimiento no se produzca con el consenso político que debería conllevar su entrada en el callejero. El PSOE gijonés, en este caso, actúa de singular avanzadilla en esa carrera por borrar las huellas del emérito ahondando en la polarización social para poner en su lugar a una personalidad que tendría cabida en otros sitios de la villa ahora vacíos de contenido. Como dicen los vecinos, una decisión inoportuna e innecesaria en una ciudad repleta de prioridades.
Al igual que también lo es la elaboración del reglamento de laicidad, que responde al desarrollo del pacto de gobierno del partido socialista -once ediles en la bancada- con el concejal de IU. Volvemos al ayuntamiento de Rivas, cuya norma inspira la que se quiere aplicar aquí, para la desvinculación de actos religiosos, símbolos y santos patronos de la esfera pública gijonesa en un estado constitucionalmente aconfesional desde hace más de cuarenta años, pero plagado de complejos. ¿Acabará perdiendo la playa el nombre de San Lorenzo?

Nota. De la remodelación sin trascendencia para el común de los mortales en el equipo concejeril se pueden extraer dos conclusiones. Una, el poder que adquieren las mujeres durante la segunda parte del mandato en la redistribución de competencias emanadas de la alcaldesa. Y otra, el intento de rescatar la política urbanística, abandonada a su suerte en los barrios y tapada por la omnipresente movilidad en las grandes actuaciones.